Las polémicas giraron en torno a que no se conocieron dos tachas contra Roberto Molina Barreto, quien resultó elegido magistrado titular, y el acuerdo 45-2020 que establecía los parámetros de la elección, pero que no obstante no estaba firmado por los togados.
La justificación del bloque mayoritario de la Suprema fue que la elección no estaba regida por la Ley de comisiones de postulación, como sí se hizo con el proceso para elegir a Conrado Reyes como magistrado suplente, el cual fue anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en septiembre último.
Durante la sesión la magistrada Delia Dávila pidió que se entraran a conocer las tachas, a lo cual se adhirió María Eugenia Morales, pero se toparon con el bloque de magistrados que dieron los votos ganadores.
La presidenta Silvia Valdez dijo que la elección se estaba rigiendo por el acuerdo CSJ 45-2020 del 29 de octubre último, del cual Dávila no estaba en conocimiento porque estaba de vacaciones, y no por la Ley de comisiones de postulación, por la necesidad de hacer un proceso ágil. Además, aseguró que antes de la sesión no había tachas u objeciones, según la Secretaría de la CSJ y más adelante se votó para que las tachas fueran conocidas si eran sentencias firmes y no publicaciones de prensa o con motivos espurios, políticos o ilegítimos.
El magistrado Nery Medina, del bloque mayoritario, dijo a Dávila que no es recomendable basarse en la ley de postuladoras en este caso porque la norma establece tiempos para que los aspirantes con tachas presenten sus descargos. Nester Vásquez Pimentel subrayó que el acuerdo 45-2020 no contempla conocimiento de tachas.
Pero la controversia aumentó cuando la magistrada Silvia García Molina señaló que el acuerdo 45-2020 no estaba firmado y que por tanto no hay base legal para la elección de hoy, la cual efectivamente ya había ocurrido.
La magistrada María Eugenia Morales Aceña dijo que no conocer las tachas es contrario al principio de publicidad del proceso.
Dávila Franco señaló que el proceso no se basó en la Ley de comisiones de postulación, que implicaba escuchar a los aspirantes a los cargos y conocer las tachas promovidas.
A eso hubo un receso para que Dávila leyera el acuerdo y a continuación la magistrada Vitalina Orellana expresó molestia con la Secretaría de la CSJ por no llevar el acta a los magistrados para su firma, a lo cual la Secretaría dijo que si bien fue ratificado por los magistrados no estaba firmado.
José Felipe Baquiax puso paños húmedos a la discusión al hacer notar que el pleno estaba omitiendo la lectura y firma del acuerdo que nombraba a los magistrados titulares y suplentes, y estaba avanzando hacia la elaboración del acta de la sesión, cuando, por sentido común según dijo, debe ser al revés, a lo cual accedió Valdez para avanzar en ese sentido.
Las tachas
Según las objeciones de las organizaciones Alianza por las Reformas y Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Molina Barreto no es idóneo para ocupar el cargo porque fue abogado de Represa Internacional, SA, vinculada a Gustavo Herrera Castillo, profúgo de la justicia por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y antiguo operador de cortes. Además, cuando fue magistrado de la CC, “consintió y ocultó” que un trabajador de ese tribunal y persona de su confianza fue mandatario en expedientes que llegaron a la CC.
Sobre las tachas en su contra Molina Barreto dijo en el Congreso luego de su juramentación: “me he postulado varias a la CC. Tengo 36 años de ejercicio profesional sin una vinculación a proceso penal por violación a derechoa humanos. No tienen absolutamente nada que decir en mi contra. Entiendo que son tachas por tener alguna animadversión por mi deber profesional”.
