La suspensión de audiencias en el Organismo Judicial son recurrentes en medio de la pandemia y han llevado a retrasar procesos hasta 2024, una mora judicial que representa un problema para el sistema nacional.
Desde la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj) hasta jueces de Mayor Impacto reconocen que para cumplir con las medidas de distanciamiento y evitar la propagación del coronavirus se están reprogramando audiencias, lo cual ocasionará una significativa dilación en la labor judicial.
Audiencias de primera declaración con el detenido ubicado a una distancia prudencial de los juzgadores y fiscales son algunas de las prácticas que ahora hay que cumplir.
Mientras laboran, los jueces siguen temiendo una infección entre su personal o entre ellos mismos, porque consideran que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no les ha brindado suficiente equipo y material de protección para enfrentar el coronavirus, explicó Bélgica Deras, presidenta de la Ajmoj.
“Ha afectado en ambas vías. Hay un poco de temor por parte de los jueces de ir a laborar, porque algunos consideran que no hay preparación institucional para proteger nuestra salud y cubrir todas las emergencias. Ya hay un caso positivo en lo Civil, los juzgados que acaban de regresar a laborar”, refirió Deras.
La CSJ suspendió el 17 de marzo todas las labores que no fueran urgentes, como juzgados de Paz y de Instancia Penal; sin embargo, a partir del 20 de abril jugados como el Décimo Quinto de Trabajo, a cargo de Marlon López, fueron abiertos, así como otros civiles a partir del 28 de abril, labores que se desarrollan a medias, para cumplir con los protocolos de prevención sanitaria.
Una modalidad adoptada en el último mes ha sido el teletrabajo, pero el juez ve esta práctica “difícil”, porque para resolver los casos deben tener a la vista los expedientes. “Llevamos entre 180 y 190 audiencias suspendidas, desde que se suspendieron las labores el 17 de marzo, y nos vemos en la necesidad de reprogramar”, reconoció López.
Asimismo, el juez explicó que la reprogramación de las audiencias se debe a que solo están facultados a conocer diligencias urgentes, y con la suspensión de labores su agenda podría llegar hasta marzo del 2022.
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MP/Fiscalía contra la Corrupción continúa desarrollando en coordinación con la PNC, diligencias de allanamiento en diferentes municipios del departamento de Guatemala. pic.twitter.com/2SU2GLnBBq— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 22, 2020
Pablo Xitumul, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, dijo que debido a la pandemia ha llegado a su sede judicial por lo menos una vez por semana, para analizar las piezas de prueba de los juicios que conocen, y durante estos dos meses la labor ha sido complicada y lo será aún más cuando regresen, porque conocerán casos en los cuales hay más de 200 personas procesadas.
“No he descansado desde que ya no estuvimos llegando. El análisis de mi parte prosiguió, porque hay que presentar la resolución en cuanto regresemos”, expuso.
Xitumul hizo ver que el tribunal podría extender su agenda hasta 2024, porque entre los casos que conocen tiene tres muy complejos, en uno de los cuales están procesadas 208 personas por delitos relacionados con extorsiones.
“En el caso Rescate del Sur ahí hay 208 personas. Solo con ese expediente podríamos abarcar un año. En algunos casos tal vez seguiríamos mediante videoconferencia, pero parcial. Por ejemplo, con los líderes que están recluidos en distintos lugares. Es muy compleja la situación”, recalcó.
A ello se suman otros dos expedientes, en los cuales están señaladas 89 y 68 personas, respectivamente, lo que lleva a suponer que el proceso podría implicar hasta cuatro años. La crisis del coronavirus generó mayor carga y mora judicial de la que ya existía, porque los tiempos se extenderán de manera considerable, por los protocolos sanitarios.
Problemas para todos
Los problemas alcanzan al Ministerio Público. Alexander Colop, jefe de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, precisó que durante la crisis por la pandemia se han suspendido audiencias de inicio a juicio, porque en los casos hay hasta nueve personas procesadas, lo cual implica nueve abogados, más querellantes, representante de la Procuraduría General de la Nación y fiscales en una misma sala.
Añadió que otro factor es que los expedientes judiciales dependen de la movilización de muchas personas, lo cual genera problemas logísticos con el traslado de testigos, peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), entre otros, ahora que está suspendido el transporte público.
Sonia Montes, fiscal adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos, expresó que, aunque en los tribunales y juzgados capitalinos han ido solucionando los problemas de espacios y distanciamiento social, no será la misma realidad en las sedes judiciales del interior del país, más reducidas.
