El descontrol en las prisiones guatemaltecas continúa, pese a que las autoridades insisten en que retomaron el control desde el año pasado. El caso del hallazgo de celulares en Matamoros no es el único, porque ayer encontraron 139 de estos aparatos en el centro carcelario de Barrios, Izabal, los cuales podrían estar siendo utilizados para hacer llamadas extorsivas desde las prisiones.
La cárcel Matamoros está adaptada en un espacio de la base militar que tiene el mismo nombre, para encarcelar a personas con algo perfil de peligrosidad como narcotraficantes o quienes cuya vida corre peligro como políticos o empresarios. Está catalogada como una prisión de alta seguridad, porque tiene celdas pequeñas conocidas como “bartolinas”.
El hacinamiento, la falta de un reglamento de sanciones administrativas y la infraestructura son algunos de los problemas medulares del Sistema Penitenciario, que se deberían atender, porque causa deficiencias en su funcionamiento como la inseguridad y poca supervisión.
El escaso control en los prisiones también se debe a la sobrepoblación que hay en los centros, porque están hacinadas en más del 370 por ciento. Diálogos en su boletín ‘Crecimiento, hacinamiento y ¿colorismo?’ resalta que, la población penitenciaria aumentó de forma significativa en las últimas dos décadas, ya que, en 2000 había 6 mil 974, mientras que para 2018 la cifra fue de 24 mil 303. El informe destaca que, el incremento fue de 248 por ciento y se inició entre 2008 y 2010, porque se ingresaron casi 3 mil personas adicionales a las cárceles.
Corrupción
Entre finales de agosto y principios de septiembre, las autoridades efectuaron la distribución de cabecillas de pandillas en distintos centros carcelarios del país. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los trasladados a Matamoros fueron Aldo Ochoa, alias “el Lobo”, principal jefe de la pandilla; Rudy Alfaro, alias “el Smurf”; Gustavo Pirir, mote “el Hammer”; Fernando Muñoz, conocido como “el Happy”, y Mayro de León, alias “el Viejo Zacapa”.
Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas (Cien) con especialidad en asuntos de privación de libertad, explica que Matamoros es una cárcel que más se acerca a un régimen de alta seguridad y es preocupante que encuentren objetos ilícitos y lo cual forma parte de la corrupción y negligencia de los guardias operativos que no registran bien las encomiendas y tampoco tienen un control apropiado.
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Opina que estos ingresos son una combinación de corrupción y falta de revisiones estrictas como se debería efectuar. Agrega que falta una cárcel con mayor espacio y de alta seguridad, debido a los perfiles criminológicos de los reos como pandilleros, crimen organizado, entre otros.
Durante la campaña presidencial del mandatario Alejandro Giammattei, uno de los temas centrales que trataba era la inseguridad del país, en donde afirmaba que la mayoría de las extorsiones y ataques armados se planificaban por los reos que están en prisión, así como también las prisiones de máxima seguridad eran vulneradas con facilidad, porque los privados de libertad tenían acceso a celulares y otros artículos ilegales.
Por lo que ofreció que en su gobierno se iba a priorizar el trabajo del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario para evitar estos delitos. Además, afirmó que se construirían nuevas cárceles para retomar el control de los presos.
El gobierno planifica la construcción de dos cárceles en el suroccidente del país con el préstamo millonario que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero a pesar de que esta es una promesa presidencial, en el primer año de gobierno no se inició con la construcción.
Para Dedik la infraestructura penitenciaria es una tarea que viene desde hace muchos años atrás, y se asume que para este año el gobierno entregó la planificación del presupuesto para los proyectos. “Más de un año después no se ve ningún cambio sostenible, no se avanza. El tema de la infraestructura es un tema medular, porque causa todos los demás problemas como la falta de control interno, el desorden, la falta de servicio, etc.”, expresa.
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En opinión de Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, el hallazgo de las armas en Matamoros implica que, su ingreso corrompió a los soldados que están en el retén para el ingreso a la cárcel y se vulneró la seguridad de ese centro, porque los protocolos están diseñados para que estos objetos ilegales no entren.
Personal
Morales expresa que otro de los grandes problemas que tiene el Sistema Penitenciario es que falta un reglamento disciplinario del régimen personal penitenciario, pero como no existe Presidios se rige por la Ley del Servicio Civil, el cual no regula la separación del cargo, por lo que la aplicación de procedimientos administrativos contra el personal y los agentes penitenciarios sean débiles.
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Del 1 de enero de 2018 al 9 de marzo de 2021, más de 150 agentes del Sistema Penitenciario y un trabajador administrativo fueron destituidos por procesos disciplinarios. Mientras que ese mismo lapso más de 40 agentes fueron suspendidos porque estuvieron capturados o en prisión preventiva. Así como también, más de 360 agentes y ocho trabajadores administrativos fueron suspendidos por alguna sanción disciplinaria.
Morales añade que mientras se desarrolla el proceso administrativo contra el personal, como mecanismo inmediato para evitar que los sigan colaborando con el ingreso de ilícitos a los centros u otras activiades es relevar a todo el personal del centro carcelario, llevar a personas idóneos y capacitadas, con especialización en el tema.
El Sistema Penitenciario fue consultado respecto a que si los agentes y el personal administrativo que está en prisión o detenido se le suspende el salario, por qué motivo se les aplica la sanción disciplinario, en qué casos se puede destituir de forma inmediata al trabajador y cuáles son los motivos frecuentes por los que se le destituye, pero respondió que esa información debe consultarse por medio de Información Pública.
