Con el fallo, es la primera vez que una corte de apelaciones canadiense permite que avance un proceso en contra de una minera por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el extranjero.
En la resolución la Corte anuló el dictamen de una corte inferior, que había dicho que las cortes guatemaltecas eran más adecuadas para escuchar la demanda.
El nuevo fallo indica que por múltiples factores, incluyendo la evidencia de corrupción sistémica en el sistema judicial guatemalteco, desfavorecen a Guatemala como el fórum jurídico adecuado para escuchar la demanda que procesa British Colombia.
“Existe un riesgo cuantificable de que será difícil para los apelantes recibir un juicio justo contra una multinacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco”, dijo la Corte.
Los demandantes son apoyados en Canadá por un equipo de abogados que incluye la firma Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional.
“El fallo emblemático demuestra que las cortes canadienses están abiertas a las víctimas de abusos vinculados con las actividades de las empresas canadienses en el extranjero”, dijo Matt Eisenbrandt, el Director jurídico del CCIJ.
Los activistas enfatizaron que sus reclamos contra Tahoe se centran en Canadá, donde está la mayoría de los miembros de la junta directiva, quienes según los demandantes tenían las decisiones finales sobre la supervisión de la seguridad y las relaciones comunitarias de la empresa en Guatemala, en donde los demandantes vivían en el momento del tiroteo.
“Estamos muy satisfechos por la decisión de la Corte. Las posibilidades de que los demandantes recibieran un juicio justo e imparcial en Guatemala eran lejanos dado la falta de independencia judicial y la impunidad generalizada”, dijo Rafael Maldonado, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas).
