El Tribunal determinó la responsabilidad del Estado en “la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de siete personas y sus núcleos familiares”, en una sentencia del 3 de noviembre publicada el martes por el ente internacional con sede en Costa Rica.
Asimismo, la Corte-IDH estimó que hubo “violación del derecho a la niñez de seis niños y niñas” y “violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas, como consecuencia de la masacre perpetrada”.
La Corte también ordenó, como forma de reparación, “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso” en el que no hay imputados después de 39 años.
De esa manera, se podrá “iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso”.
La masacre de la aldea Los Josefinos ocurrió en el marco de la guerra civil que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996, y sucedió el 29 de abril de 1982 en el municipio de la Libertad, en el departamento de Petén.
Ese día, miembros de una guerrilla realizaron una “acción de ajusticiamiento” en una cancha de fútbol de la localidad contra dos personas a quienes acusaron de estar vinculadas al Ejército de Guatemala durante la dictadura de Efraín Ríos Montt.
Por la tarde, guerrilla y ejército se enfrentaron, causando que estos últimos sitiaran la aldea para no dejar salir a nadie.
A medianoche, los soldados ejecutaron a patrulleros rebeldes en la calle y a personas que estaban en sus viviendas, incluyendo a hombres, mujeres, niñas y niños. También quemaron sus casas.
Durante la mañana del 30 de abril, miembros del ejército acudieron a la aldea, recogieron a 19 personas asesinadas, las subieron a un carretón y las enterraron en una fosa común ubicada en el cementerio de la aldea.
Tras los hechos algunas personas huyeron, refugiándose en otros lugares e incluso fuera del país, en México o Belice.
Una comisión auspiciada por la ONU documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. El conflicto dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe presentado en 1999.
Ríos Montt falleció en 2018, a los 91 años, mientras era procesado por otra matanza acontecida en diciembre de 1982 y el genocidio de indígenas maya-ixiles en el oeste del país.
