El MP había solicitado autorización para investigar a Morales, ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales al declarar “non grato” a Iván Velásquez, entonces jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig).
Las magistradas María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila votaron en contra de no conocer la solicitud de antejuicio planteada por la Fiscalía contra la Corrupción (Feci), del MP.
El pasado miércoles 21 de abril la Feci informó que presentó solicitud de retiro de antejuicio contra Morales y argumentó que el expresidente no habría respetado los convenios de Viena y de constitución de la Cicig.
El MP consideraba que era necesario investigar Morales por expulsar a Iván Velásquez de manera unilateral sin consultar al consejo de ministros.
Abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución son los delitos por los que pidió el retiro de inmunidad a Jimmy Morales.
Iván Velásquez non grato
El 27 de agosto del 2017, Morales declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, a quien le exigió que abandonará el país “inmediatamente”.
El mandatario anunció a través de un mensaje grabado en video y difundido en la cuenta de Twitter del Gobierno de Guatemala la decisión de expulsar a Velásquez. Según el video, la disposición fue emitida el sábado 26 de agosto, el mismo día que Morales regresó al país de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja en contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), a la cual pidió “circunscribirse” a su mandato.
“Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario.
El mensaje del mandatario surgió dos días después de que el MP y la Cicig presentaran la solicitud del retiro del derecho de antejuicio en contra Morales, a quien se pedía investigar por el delito de financiamiento electoral ilícito, debido a que como secretario general de su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de Q6.7 millones utilizados en el proceso electoral de 2015.
