Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la justicia es el primer postulado del Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad. Usuarios y trabajadores del sistema judicial aceptan que eso es imposible de cumplir.
Con hilo y aguja
Carmelia Mérida es esposa de Antonio Rogelio Velásquez. Llega al Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango con una pañalera al hombro, una niña de 2 años, a quien carga en brazos, y otra de 5, de la mano. Sus otros cuatro hijos han quedado a cargo del mayor, 13, y de los vecinos de la comunidad.
Velásquez fue absuelto el 28 de octubre junto con Saúl Méndez Muñoz, después de dos años y dos meses de proceso. Fueron acusados de haber encabezado el linchamiento de una pareja en Barillas, Huehuetenango, el 19 de agosto de 2010.
Un día antes de cada audiencia, Mérida reúne sus ahorros. El dinero que invertirá es el equivalente a lavar 34 baldes de ropa o coser 27 prendas en su modesto taller para emprender ese viaje de 10 horas, ocho a Huehuetenango y dos más a Quetzaltenango.
Debe calcular bien los costos de su exiguo presupuesto, que se reparte entre 12 comidas para ella y sus dos hijas, que suman Q300, destinar Q280 de pasajes y Q100 de alojamiento, lo que significa haber gastado, sin contar otros imprevistos, Q680 por cada una de las 30 audiencias a las que ha asistido.
En el caso de que ella viajara sola y tuviera que pagar un abogado privado, el costo aumentaría a Q890.
Antes de ser procesados por el linchamiento, Velásquez y Méndez fueron capturados como resultado de un proceso judicial que comenzó después del estado de Sitio impuesto por el gobierno de Otto Pérez, el 2 de mayo del 2012, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, luego de que los pobladores se opusieron a la construcción de una hidroeléctrica.
Ambos eran líderes comunitarios y el pago de los abogados corrió por cuenta de organizaciones locales. Pero no todos cuentan con esa clase de patrocinio.
Justicia de a pie
La Sierra de Yalijux, en Senahú, Alta Verapaz, es un bosque nuboso, un santuario para los investigadores de aves, el que solamente puede abandonarse los martes, si no se tiene un carro propio. Los vecinos aprovechan el día de mercado cuando los picop cobran de Q20 a Q25 por un recorrido de cuatro horas para llegar al juzgado de Paz, en el centro de Senahú.
Hay vehículos que eventualmente salen de Yalijux, jueves y sábados. Si una diligencia judicial se programa cualquier otro día, eso significa caminar 12 horas para llegar a Senahú.
Delsy Alvarado Hernández llegó hace dos años ahí para hacerse cargo del Juzgado de Paz. La mayoría de procesos que atiende se relacionan con violencia contra la mujer y maltrato infantil.
Marta Leticia Coc caminó 12 horas con su bebé envuelto en el rebozo hasta llegar al juzgado.
Llegó con el rostro amoratado, pues su pareja intentó quemar su casa. El juzgado le dio medidas de protección y aún así fue agredida una segunda vez.
Durante la fase de investigación viajó a la fiscalía municipal de La Tinta —el Ministerio Público solo está en 34 municipios del país—, y cada recorrido le costó Q25. Ahora que su caso llegó a juicio debe reunir Q40 para viajar a Cobán.
Coc es representado por la Defensa Pública Penal. Allí, cada jurista recibe de 25 a 30 nuevos expedientes mensuales que se suman a los 800 acumulados, indica el defensor Álvaro Sontay.
El último bus sale de Cobán con destino a Senahú a las 15 horas, pero si los trámites judiciales se prolongan después de esa hora los defensores públicos muchas veces recomiendan a los familiares del reo buscar el abrigo gratuito en el convento de los benedictinos.
Una noche de alojamiento en una posada muy modesta cuesta Q50 y cada tiempo de comida, Q20; es decir, que al sumar todos los gastos un usuario del sistema de justicia gasta al menos Q280 por audiencia. En Senahú, el jornal es de Q30.
Cada proceso es distinto, pero en promedio el acusado debe pasar por 15 audiencias, comenta Sontay.
Según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, se requieren Q1 mil 224 millones para mejorar la calidad y cobertura de justicia.
¿Todos iguales?
El usuario del sistema de justicia en la provincia debe enfrentarse con la falta de traductores de idioma maya. Sortear “una cultura institucionalizada que pasa por la concepción de justicia que el funcionario tiene porque se esperaría que juzgue de acuerdo con los hechos constitutivos de delito, pero lo hace según su propio patrón de valores racistas, clasistas y sexistas”, comenta la antropóloga y abogada, Kenia Herrera.
El lugar donde vive el usuario de justicia, donde creció, sus valores, su posición social, su grado de educación y hablar español inciden en el acceso a la justicia, resalta el sociólogo Miguel Saquimux.
Es común encontrar en el corredor del Palacio de Gobernación de Cobán a quienes tuvieron que elegir entre comer o pasar la noche bajo techo. Cuando el reloj de la Municipalidad anuncia las 3 horas, ellos están listos para abordar el primer bus de regreso a Senahú. Con suerte estarán en su casa por la noche.
