Guatemala

CSJ retira inmunidad a jueza denunciada por Cicig

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirar la inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado de Mayor de Riesgo A, quien fue denunciada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por varios delitos.

El presidente de la Cámara de Antejuicios de la CSJ, Rafael Rojas, informa sobre los procesos que fueron tramitados. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

El presidente de la Cámara de Antejuicios de la CSJ, Rafael Rojas, informa sobre los procesos que fueron tramitados. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

La acción contra la jueza la presentó la Cicig el pasado 30 de abril por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero, Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Según la Cicig la jueza tiene una lujosa propiedad en Santa Catarina Pinula, municipio de Guatemala, la cual estaría inscrita a nombre de una tercera persona, por lo que no fue declarada como patrimonio.
Luego de esta medida, que fue tomada por unanimidad por los jueces de la CSJ, correspondería iniciar la primera audiencia de declaración en la que la Jueza deberá acudir cuando sea citada.
Flores ha conocido de manera parcial el caso de genocidio contra el presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, lo relacionado con la masacre en la Cumbre de Alaska y la desaparición de Cristina Siekavizza.

Nombran pesquisidores

Los magistrados de la CSJ anunciaron que le dieron trámite al antejuicio, también solicitado por la Cicig y el Ministerio Público (MP), contra los diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), Mario Yanes, Luis Chávez y Mirza Arreaga, por lo que se nombró al juez pesquisidor para darle trámite.
Los diputados fueron denunciados luego de que se evidenciara en videos negociaciones al margen de la Ley.
En el caso de Chávez y Arreaga fueron captados por el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, quien los grabó cuando no sólo se burlaron de los niños desnutridos, sino que solicitaron beneficiar a empresas con algunos proyectos, por lo que a consideración del MP y la Cicig cometieron los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Para conocer su caso, se nombró como juez pesquisidora a la vocal 2 de la Sala Cuarta de Apelaciones, Noehmí del Cid Paredes.
Mientras que a Yanes se le señala de pedir plazas bajo el reglón 029 a Rodríguez, por lo que habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. El juez pesquisidor de su caso será Antonio Valladares, de la Sala Cuarta de Apelaciones.

Pendientes

Los magistrados de la CSJ afirmaron que aún no han conocido los antejuicios solicitados contra los hermanos Edgar y Manuel Barquín, el primero vicepresidenciable de Líder y el segundo, diputado.
También está pendiente el proceso contra el diputado y secretario general de la Gran Alianza Nacional, pero candidato por Líder, Jaime Martínez Lohayza.
Los tres integrantes de Líder fueron denunciados por la Cicig por integrar una red de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
Tampoco se conoció el antejuicio contra el diputado Mario Rivera, por lo que quedan pendientes de que se nombre su juez pesquisidor.

Antejuicios rechazados

Los magistrados de la CSJ anunciaron varios antejuicios que fueron rechazados, entre ellos uno contra la fiscal general Thelma Aldana, el cual fue tramitado por diputados de Líder, quienes argumentaron que la funcionaria habría cometido abuso de autoridad en los allanamientos realizados en el Congreso.
Sin embargo, los magistrados de la CSJ afirmaron que existía una orden de allanamiento, por lo que fue rechazado.
Otro antejuicio negado fue interpuesto contra el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, por supuestamente haberse expresado de manera inadecuada, y que con ello puso en riesgo la integridad de algunas personas.
También se rechazó la solicitud de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez y al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, interpuesto por Bernardo Silva, quien argumento que cuando se encadenó junto a otras personas al Palacio Nacional de la Cultura, hubo individuos que les tomaba fotos y los intimidaba.
Según los magistrados, en la solicitud no se individualizó a los afectados y tampoco a los implicados.