El pasado 15 de julio, la CSJ admitió el proceso de antejuicio contra Muadi y nombró a Sonia de la Paz Santizo Corleto, magistrado Vocal II, de la Sala Tercera Penal como jueza pesquisidora.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habían presentado la solicitud de antejuicio por la supuesta contratación de 15 guardias de seguridad privada en el Congreso de la República, cuando Muadi era presidente de ese organismo del Estado.
La investigación según explicó en su momento el jefe de Cicig Iván Velásquez, con la contratación de la policía privada se había desvíado fondos a empresas donde Muadi figuraba como gerente general, con lo que pudo beneficiarse con las contrataciones de forma ilícita.
Por el caso también se capturó a Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi y que según se señaló, pagaba Q2 mil a cada agente en efectivo por sus servicios y a parte endosaba cheques para trasladar el dinero que se cobraba al Congreso a la empresa PSE, S.A. que supuestamente es propiedad del diputado.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, precisó que, durante seis meses, de junio a diciembre del 2013, pese a que el contrato decía que su sueldo era de Q8 mil mensuales, los 15 guardias de seguridad nunca tuvieron acceso a su propio pago, sino solo a los Q2 mil que la secretaria les daba en efectivo.
“En ese periodo aproximadamente Q630 mil fue lo que se apropió en lo que hemos concluido en la investigación ahora, este grupo que fue consignado, a las cuentas de la empresa PSE, S.A.”, expresó Velásquez.
Ligados a proceso
La investigación del MP y la Cicig ha logrado que la judicatura ligue a proceso a 32 sindicados de pertenecer y/o beneficiarse de la red de plazas fantasmas en el Congreso de la República. Este miércoles se conoció el proceso de cuatro personas más, dos de ellas enviadas a prisión preventiva y dos más que pagaron una fianza para recuperar su libertad.
Entre los sindicados figura Ana Gabriela del Carmen Saravia Morales, en prisión por peculado. Ella trabajó en la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A. propiedad del diputado Pedro Muadi y junto a su hermana Claudia María Bolaños Morales, también en prisión preventiva, utilizaba su cuenta para depositar su salario de Q20 mil que devengaba como secretaria ejecutiva I pero no asistía a trabajar. Ella giraba y depositaba los cheques de su salario a favor de una cuenta de la empresa del legislador y de otras personas.
También resalta Axel Estuardo Pérez Pérez, sindicado de lavado de dinero y enviado a prisión. Él trabajó en la empresa Productos Servicios y Equipos y habría cobrado varios cheques de personas que tenían plazas fantasmas.
Uno de los últimos ligados a proceso fue Wilfredo Amadilio Pérez Morales, por peculado por sustracción. El juez decidió darle medida sustitutiva de Q3 mil y prohibición de salir del país. La investigación señala a Pérez Morales de tener un contrato como asistente administrativo en el Congreso con un sueldo de Q20 mil, sin embargo no asistía a trabajar.
