Su razonamiento fue que estando la denuncia archivada, no existían indicios de la ilegalidad del dinero que habría recibido De León Argueta.
En caso Asodegua fue recusada por el MP por haber beneficiado al ex fiscal general Carlos de León Argueta.
El proceso contra Enrique Ríos Sosa fue criticado porque lo benefició al dejarlo libre en el caso del desfalco al Ministerio de la Defensa, en el gobierno de Alfonso Portillo.
Por ese caso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la incluyó en el informe de “jueces de la impunidad”, que en total mencionó a 18.
Sin embargo, la anterior Corte Suprema de Justicia rechazó los antejuicios solicitados por el Ministerio Público, a petición del entonces jefe de la Cicig, Francisco Dall’Anese.
También la anterior CSJ había autorizado su traslado de ese juzgado, pero ella presentó un amparo, el cual le fue otorgado, con lo que se dejó sin efecto el cambio.
En agosto del 2013, conoció el proceso de desfalco en el Seguro Social, en el cual fueron capturadas 18 personas, ya que se habrían apropiado de unos Q12 millones de esa institución.
Otro caso del IGSS
La Fiscalía señaló en esa época que Arnoldo Adán Aval Zamora, cabecilla de una estructura, junto a otras 17 personas capturadas, supuestamente utilizó Q12 millones del IGSS para beneficio de los integrantes de la red.
Sin embargo, fue recusada la juzgadora por uno de los implicados por tener amistad con autoridades del IGSS.
También fue cuestionada su actuación en el caso seguido contra Enrique Ríos Sosa y Sergio Cárdenas, por su presunta participación en el desfalco en el Ministerio de la Defensa Nacional, debido a que les otorgó una fianza criticada. Además, se señaló que su esposo, el abogado Milton Miranda, era allegado al partido oficialista.
