¿Qué opinión le dan a las declaraciones de Salvador González?
Sotomayor: Obviamente está en su derecho de primera declaración. Esto quiere decir que lo que dijo aún no es válido como prueba dentro del juicio y es un argumento de la defensa para que le otorguen la figura de colaborador eficaz para reducción de las dos terceras partes de la sentencia. Es una estrategia bien planteada porque él no está dentro de los cabecillas, esto le da un nuevo giro al caso.
¿Se puede confirmar con estas declaraciones lo que ya sabía el MP?
Acuña: Es un tipo de estrategia que se está utilizando. Las pruebas que se han presentado sí tienen un grado de relación con la información que ya existía. El juez está en la capacidad de analizar esos elementos y decidir si van a juicio.
¿El problema de las aduanas es algo nuevo?
Sotomayor: El botín más grande del Gobierno generalmente son las aduanas porque es donde se facilita el enriquecimiento. Cuando Guatemala estaba bajo gobiernos de facto ya venía operando la Línea, y esas estructuras militares recobraron poder en la administración de Otto Pérez Molina, y vemos que, al parecer, vínculos militares de la vieja guardia quieren retomar el poder.
¿De una primera declaración qué tan factible es que se puedan imputar nuevos delitos?
Acuña: Todavía hay que considerar los elementos de prueba del MP y estamos en una fase donde no se puede decir que todo está resuelto.
¿Cómo se le pueden probar a un funcionario hechos ilícitos en las aduanas cuando él verifica eso?
Sotomayor: Con las escuchas telefónicas. Las declaraciones de Eco en relación con las empresas de Baldetti y Otto Pérez son importantes y despiertan una suspicacia interesante en el proceso. También se puede probar con información de computadoras, testigos y cuentas bancarias. Dentro del tema de persecución penal el delito de lavado de dinero es el más difícil de perseguir porque generalmente no deja rastro. Lo que estamos viendo aquí no solo es defraudación, sino lavado de dinero, que se pudo haber hecho con empresas del expresidente y la ex vicepresidenta.
¿La Procuraduría General de la Nación puede pedir una reparación del Estado?
Sotomayor: Creo que se podría demandar por el tema de daños y perjuicios como parte del proceso, pero también debe haber una reparación de la clase política; no es posible que tengamos hospitales sin medicamentos. El Congreso, el Ejecutivo y el Organismo Judicial tienen que resarcir a la población después de este caso.
Hay quienes contribuyeron con funcionarios y pusieron empresas a su nombre, pero no son perseguidos. ¿Cómo sería ese proceso?
Acuña: Es un proceso difícil de resolver, se establece en las siete empresas de la ex vicemandataria, donde otras personas prestan su nombre, pero esos nombres tienen que salir a luz por estar involucrados, y de oficio el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación. Con la declaración de Eco pueden salir otros involucrados y sumarse otros delitos.
Según la Cicig, no puede ser colaborador eficaz alguien que sea cabecilla de una banda. ¿Puede González serlo?
Sotomayor: Él estaba en un nivel intermedio y es la Fiscalía quien solicita esa figura. El MP debe investigar la calidad de la información, que sea eficaz y que sea importante para la investigación. Si eso se cumple no hay nada jurídicamente que impida que él sea colaborador. Otro que quiera ser colaborador pudiera estar negociando con el MP, pero ya no puede dar información similar a la de Eco, debe ser diferente.
¿Por qué la exintendente Claudia Méndez no puede ser colaboradora eficaz?
Acuña: Méndez tenía el conocimiento de todos los movimientos del sistema aduanero, no solo se beneficiaba con el 5 por ciento, sino que estaba en la estructura alta y coordinaba. Eco era intermedio y externo al Estado.
¿Cuál es la importancia de un colaborador eficaz?
Sotomayor: Facilita las investigaciones y la ley premia la información para concluir casos. Si no le otorgan esa figura a Eco, podría cambiar su declaración y entonces ya no se puede valorar todo lo que ha dicho.
