Toledo argumentó su petición de sobreseimiento a favor de Arenas.
“De los 42 correos, de los 25 testigos que llegaron al Ministerio Público y los documentos ni uno solo lo vinculan -a Arenas- como miembro del FCN-Nación o como un financista. Lo único que se prueba es la relación entre los empresarios como un auxiliar, como un ayudante, jamás como un financista”, dijo Toledo.
El abogado explicó que el ente acusador no ha mostrado algún indicio relacionado con el aporte a la agrupación que llevó a la presidencia a Jimmy Morales Cabrera. “No se probó que haya hecho alguna aportación dineraria como dice la acusación. Su actividad se ha demostrado que fue la defensa del voto. Eso ya descarta el dolo de un delito de financiamiento”, dijo.
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Además, se refirió al principio de legalidad relacionado que el MP y la Cicig aplican un delito que ya no está vigente, el de financiamiento electoral ilícito. “Se les está aplicando un delito que empezó su vigencia el 6 de noviembre del año pasado cuando los hechos fueron de 2015 y tampoco se le podía aplicar el artículo anterior porque quedó derogado”, añadió.
Arenas declaró ante la juzgadora: “Si el mismo MP reconoce que no aporté ni recibí ni manejé fondos de financiamiento electoral, ¿cómo puedo ser procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito o financiamiento electoral no registrado?”, cuestionó.
La jueza convocó a las partes para el viernes próximo, donde dictará su resolución.
La investigación del MP y la Cicig
El caso se refiere a que un grupo de siete empresarios que fue sindicado de haber presuntamente aportado fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.
La investigación determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.
Aportes
Según la investigación, Arenas participó en una reunión en la entidad Grupo Paiz el 19 de agosto del 2015 en donde se acordó financiar la campaña de Morales.
Los procesados acordaron que la entidad Novaservicios, S. A., recibiera el dinero destinado a la campaña. Arenas cobró Q94 mil 500 como asesoría, según la acusación del Ministerio Público (MP).
Los hechos que la Cicig señala a Botrán se centran a que participó en reuniones posteriores con Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP y quien ya fue sentenciada- para poner en práctica el financiamiento a la agrupación política FCN-Nación.
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Según la acusación, el 16 de octubre del 2015 Botrán instruyó y coordinó para que realizara un aporte dinerario a FCN-Nación por Q250 mil.
Discusión de incidentes
Aifán también escuchó los alegatos por los incidentes que plantearon los defensores de Arenas y Botrán. El fiscal José Curruchiche y el representante de la Cicig, Leopoldo Zeissig, argumentaron que los incidentes deben ser dejados sin lugar.
La petición que hicieron, en audiencias anteriores, los defensores era que la competencia de mayor riesgo no es la idónea para llevar el caso, que debía ser un juzgado de paz.
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