La conclusión del Inacif en su informe es que, al momento de la evaluación, en ocasiones el militar no respondió a las preguntas.
Ríos Montt y el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrentan juicio por genocidio y deberes contra la humanidad.
Ríos Montt es acusado de haber sido el autor intelectual de las masacres en las que habrían muerto mil 771 personas de la etnia ixil.
Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, afirmó que su cliente, por las condiciones de sordera, no puede enfrentar juicio.
Otro informe forense indicó que en el aspecto psicológico, las condiciones del militar están disminuidas. Al ser evaluado hubo pocas respuestas y parcialmente asertivas, señala.
El Inacif recomendó que se le practique un examen psiquiátrico al militar, pero Hernández manifestó que no es conveniente, ya que le afectaría más a su salud.
“Estos informes no los solicitamos nosotros, no los provocamos; fueron de rutina que se los hicieron”, explicó el abogado.
Agregó que deben pronunciarse en relación con esos informes y que lo harán por escrito; el plazo vence el próximo martes.
Luego del pronunciamiento, Carol Patricia Flores, jueza primera A de Mayor Riesgo, tendrá que tomar una decisión.
Defensa analiza
La defensa del militar evalúa utilizar los informes para solicitar que se cierre la persecución penal contra Ríos Montt, indicó Hernández.
Afirmó que las condiciones de salud de su cliente se deterioran cada vez más y se complica su presencia en un juicio.
Orlando López, fiscal del Ministerio Público que lleva el caso por genocidio contra Ríos Montt, dijo que no comparten el criterio de que el proceso sea cerrado.
En caso de que un juzgado civil resolviera que el militar retirado no puede enfrentar juicio penal, respetarían esa resolución.
Para el 3 de enero pasado estaba programada la repetición del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
Sin embargo, se suspendió porque fue recusada Janeth Valdés, presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo.
En 10 de mayo del 2013, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y condenado a 80 años de prisión, mientras que Rodríguez fue absuelto.
El fallo fue anulado por la Corte de Constitucionalidad y se ordenó la repetición del juicio.
