Según fuentes oficiales, el 16 de abril último, cuando se efectuaron las capturas de los integrantes de La Línea, una persona cercana al Juzgado negoció con varios de los abogados que tomaron la defensa del caso, entre quienes está Jorge Luis Escobar Gómez.
Se cree que la negociación habría sido para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura señalada por supuestamente haber defraudado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de las aduanas.
La Fiscalía y la Cicig detallaron que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad a Javier Francisco Ortiz Arriaga, alias el Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana, Estuardo González Álvarez, alias Eco, y otros cuatro supuestos integrantes de la red.
El MP cuenta con grabaciones de las conversaciones telefónicas sostenidas por los defensores con los detenidos en el caso La Línea, en las cuales se menciona a la jueza y a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, presidenta de la Cámara Penal, de la CSJ. Las funcionarias son cuñadas.
Ortiz Arriaga, Lemus Aldana, González Álvarez y Mónica Patricia Jauregui Zamora fueron beneficiados con libertad por el pago de una fianza de Q200 mil cada uno, mientras que José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc cancelaron cauciones económicas de Q250 mil cada uno.
Vengo a que se aclare mi situación
La juzgadora indicó que se presentó a su judicatura de forma normal y se enteró que había una orden de aprehensión en su contra por lo que acudió al Juzgado Undécimo de Instancia Penal para aclarar su situación jurídica.
“Me enteré a raíz de todos los movimientos que observé anoche alrededor de mi casa que tenía que tratarse de un hecho proveniente de este proceso, por lo cual esta mañana me presente aquí en el juzgado -Undécimo de Instancia Penal- y me enteré que efectivamente hay una orden de aprehensión en mi contra por lo que me presento en forma voluntaria a resolver mi situación jurídica esperando que con los elementos que existen dentro del presente proceso se evidencia que son imputaciones completamente falsas”, afirmó la juzgadora en la sala de audiencias a la espera de la diligencia en donde el juez José Eduardo Cojulún llevará a cabo la diligencia de primera declaración.
Explicó que su defensa se fundamenta en las actas y resoluciones que ella emitió al momento de ligar a proceso a los detenidos por el caso La Línea.
Argumentó que se le recrimina el otorgamiento de medidas sustitutivas a los presuntos cabecillas de la red de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria. “La Ley me otorga la potestad de poderlas otorgar siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la legislación establece y que supuestamente yo habría recibido una cantidad de dinero”, expresó Marta Sierra.
Calificó su situación como “muy delicada” y que tendrá que resolver su situación jurídica. Además señaló que con los señalamientos en su contra “se evidencia una inestabilidad en el sistema judicial”.
Manifestó que tiene 38 años de laborar en el Organismo Judicial y que éste es el primero señalamiento en su contra.
Al final el juzgador decidió suspender la audiencia para este miércoles y enviar a prisión a la cárcel de Matamoros a Marta Sierra.
