Un punto definitorio

Durante un encuentro realizado el viernes por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, conversó con un grupo de jóvenes e integrantes de asociaciones estudiantiles sobre la importancia de involucrarse en la elección del próximo fiscal general del MP en el 2018.

“Mucho se ha dicho en los últimos tiempos del Pacto de Corruptos o de un grupo o unas fuerzas que pretenden frenar los avances que se han tenido los últimos años y creo que una de las expresiones finales de esa lucha, un punto casi definitorio, es  la elección del fiscal general del MP”, afirmó Velásquez.

En la  actividad,  organizada por la Cicig, junto a la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Velásquez también resaltó el papel de los jóvenes en esta elección, ya que los decanos de las facultades de Derecho formarán parte de la comisión de postulación para la elección del jefe del MP.

“Sería bueno escuchar que la juventud se expresará en foros y discusiones con sus decanos de Derecho sobre cómo debe ser el fiscal general (…), el futuro del país no está solo en las manos de los 14 integrantes  de la comisión”, comentó Velásquez.

“Un grupo procura su impunidad”

Para el secretario de política criminal del Ministerio Público (MP), Rottman Pérez, uno de los retos del combate contra la corrupción en Guatemala es el riesgo de que grupos a favor de la impunidad busquen cooptar   al MP, el próximo año, cuando se elija al siguiente fiscal general. Pérez resalta que mientras la enorme brecha de desigualdad en el país y la violencia estructural no se reduzca será difícil reducir los índices de corrupción como sociedad.

¿Qué lugar ocupa la corrupción dentro de los delitos investigados por el Ministerio Público, y a qué otros hechos suele ir asociada?

Es de primer nivel, es una de las prioridades de investigación. Perseguirlos tiene dos implicaciones: primero, porque los responsables son presentados ante la justicia y deben ser sancionados, pero además porque el impedir que estas acciones continúen mejoramos la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.

¿En qué áreas suelen encontrar estos casos?

En infraestructura, en procesos poco trasparentes de adjudicación, en compras anómalas del Estado. Todo esto va socavando la estructura del Estado, cuando se analiza en el caso de Guatemala, además entre las razones que provocan esta criminalidad esta la enorme brecha de desigualdad económica y la violencia estructural. Mientras estas condiciones no mejoren nuestros índices de prevención no serán los mejores.

¿Qué otras condiciones facilitan la corrupción, además del monopolio de las decisiones públicas, la discrecionalidad de los funcionarios y la falta de rendición de cuentas?

La opacidad en las instituciones, y por ende la poca transparencia de los actos públicos, la participación ciudadana que tolera y que muchas veces aspira llegar a cargos públicos para servirse de estos, lo cual contribuye a fomentar un escenario de corrupción. Si vemos una versión positiva, un buen ejercicio de transparencia e información, cuentas claras y participación ciudadana activa, que denuncia pública de cualquier acto anómalo, propicia menos condiciones para la corrupción.

¿Cómo es el perfil de los casos de gran corrupción en el país?

Cualquier acto de corrupción no debe tolerarse, sin hacer distinción entre grandes y pequeños, lo que hay es un vacío de moralidad, principios éticos y respeto hacia la ley. Hay una característica interesante en el caso de las estructuras para alcanzar su objetivo criminal, además de un beneficio personal, también buscan procurarse impunidad influyendo en el sistema de justicia, blindándose.

Un ejemplo es la sentencia contra el ex diputado Gudy Rivera (condenado por tráfico de influencias y cohecho activo) por intentar presionar a la magistrada Claudia Escobar para obtener una resolución favorable a cambio de su reelección.
Pese a la sentencia de Rivera, en general hay decepción entre la población por lo lento de los procesos.

¿A qué obedece esto?

En estos grandes casos hay un litigio malicioso con la finalidad de buscar impunidad al retratar los procesos. El ejemplo más claro está en el caso La línea, dónde hay 30 acciones legales de la defensa entre amparos, inconstitucionalidades e incidentes que han sido denegados.

Su único objetivo es ganar tiempo para esperar el cambio de fiscal general, sin duda buscan cooptar el MP y busca un candidato afín, como MP esperamos que se mantenga la independencia y autonomía de la institución.

¿De qué forma se complican las investigaciones cuando tocan a funcionarios electos −como el presidente o diputados−?

Es una situación compleja para la investigación. Cuando no se alcanza votos para aprobar o improbar un antejuicio, −como en el caso del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales− se ve que no hay una actitud en los diputados de lucha contra la corrupción, es importante que se recuerde esto en las próximas elecciones.

¿Realmente existe un bloque de la impunidad actuando en conjunto?

Yo creo que si, hay un grupo que procura su impunidad. Muchas veces podemos ver como suman esfuerzos, justamente pareciera que responden a una estrategia conjunta para tratar de debilitar los avances en la lucha contra la corrupción de diferentes maneras.

Algunos planteando acciones espurias, y por otro lado emprendiendo campañas de desprestigio y que polarizan a la población, intentando confundir. Esto solo responde a una suma de esfuerzos de estas organizaciones, tenemos que recordar que estas estructuras tienen los recursos económicos a la mano, no tienen escrúpulos, muchos intereses en juego, no están dispuestos a enfrentar la justicia y van a dar toda la batalla para evitar ser juzgados.

Por su parte el MP tampoco es impermeable a la corrupción ¿cómo la enfrenta internamente?

La normativa interna juega un rol fundamental, para el caso de fiscalía de delitos contra la corrupción y de delitos administrativos y para la fiscalía contra la impunidad, existen metodologías claras y definidas que marcan la pauta del deber ser de la investigación.

Cuando alguien se aparta de esta normativa entran en escena dos áreas fortalecidas. Primero las juntas disciplinarias si la falta es administrativa, pero si se trata de un delito pasa a la fiscalía de asuntos internos encargada de investigar y llevar a la justicia a los malos elementos.

¿Qué política de combate a la corrupción debería continuar la próxima administración del MP?

Primero continuar los casos ya judicializados, pero también aquellos que están en fase de investigación, hay que continuar con esta lucha para cambiar esas condiciones de impunidad en el país.

Fortalecer las metodologías desarrolladas para los casos de corrupción, expandirse a otras, zonas, por ejemplo, en 2018 se abrirá la primera agencia regional contra la corrupción para el norte del país, en Alta Verapaz. Además, se creó una agencia fiscal dentro de la Contraloría para trabajar más coordinados, también se tiene que continuar con las dos agencias fiscales especializadas en municipalidades dentro de la fiscalía contra la corrupción y la agencia para vigilar el cumplimiento de la ley de Acceso a la Información.

“Se están haciendo esfuerzos”

Carlos Mencos, contralor general de cuentas asegura que en la media en que se hagan transparentes los procesos de compra, la población va a percibir los beneficios.

¿Por qué es tan importante la lucha contra la corrupción?

Yo le puede decir con absoluta certeza que lo importante de la lucha contra la corrupción es que en la medida que se vayan transparentando los procesos, la población a va recibir de manera directa los beneficios de esa trasparencia en el uso de los recursos públicos. Creo que la corrupción le ha restando muchas posibilidades a la sociedad de tener un mejor nivel de vida y mantenerse en esas condiciones de pobreza y extrema pobreza.

¿Derivado de los acontecimientos del 2015 cree que los guatemaltecos se unieron para rechazar la corrupción?

Por supuesto, lo que ocurrió en las calles en abril del 2015, es producto del desencanto acumulado y podríamos decir el desenlace de la inconformidad de la población en relación a la gestión pública y el aprovechamiento de las instituciones y los espacios políticos que se ocupa y no se ve que haya un esfuerzo para combatir los temas de corrupción.

¿Desde su punto de vista qué le hace falta a Guatemala en la lucha contra la corrupción?

Yo creo que Guatemala debe apostarle a un modelo donde las redes nacionales de integridad comiencen a funcionar de manera real. Las leyes en los procesos de adquisiciones públicas tienen que ser muy prácticas y pragmáticas para evitar que en el exceso de normas las instituciones puedan esconder sus procesos.

¿Cómo afecta este fenómeno al tejido social de un país?

Definitivamente afecta de manera directa, en la medida que se den esas grandes distancias económicas entre los que tiene el poder económico y el poder político y ven la evolución de personas que han mejorado su calidad de vida, mientras que la mayoría de la población se encuentra muy distante de poder tener una vida decorosa.

¿La contraloría está a la altura de la lucha contra la corrupción?

Se están haciendo esfuerzos, no podría decirle que estamos al 100 por ciento, sin embargo, platicaba con algunos contralores de Centroamérica y compartíamos algunas buenas practicas aprendidas y lo que se tiene que hacer es un esfuerzo para poner en práctica los mejores procesos y que eso vaya fortaleciendo los procedimientos robusteciendo todo el aparato gubernamental.

¿Qué le hace falta a la contraloría para poder evitar casos de corrupción?

Yo creo que falta un poco en Guatemala, no a la contraloría en particular, sino el establecimiento de reglas más claras y más expeditas para que los funcionarios públicos puedan desarrollar procesos de adquisiciones públicas con normas suficientemente claras y observada por la ciudadanía y evitar perversidades en cualquier situación o aprovechamiento de la legislación o procedimientos técnicos para hacer negocios bajo la mesa.

¿Qué compromiso debería adquirir el gobierno de Guatemala para erradicar la corrupción?

El primer gran esfuerzo que el gobierno debe hacer es interactuar con todas las entidades públicas, no se puede mantener aliado al gobierno o manifestando una actitud de rechazo al quehacer en una actividad particular. Creo que en la medida que todos nos juntemos y podamos hacer propuestas para que evolucione el sistema social y político, sistema económico y sobre todo las buenas prácticas para que los guatemaltecos reciban los beneficios que andan buscando a través del pago de los impuestos.

¿De qué formas puede ser transparente el gobierno en el ejercicio del poder?

Yo creo que hoy hay tantas herramientas que nos puedan permitir que la población pueda no solo percibir, sino tener la certeza de que el gobierno está desarrollando su gestión con absoluta transparencia y les decía yo, por ejemplo en el tema de adquisiciones que en ecuador funciona una cuestión llamada sercop y esta controla todo lo relacionado a las subastas electrónicas, por supuesto que ellos reconocen que aún les hacen falta cosas, pero han ido evolucionando y eso quisiera en Guatemala, que los modelos de gestión no sean controlados de manera absoluta por una institución sino que haya un diálogo franco abierto para que todos le apostemos al tema de transparencia.

En los últimos dos años se han dado a conocer que empresarios están involucrados en casos de corrupción. ¿A qué acciones anticorrupción deberían comprometerse?

El Gobierno debe establecer o desarrollar procesos de diálogo tanto a lo interno del gobierno como del sector privado. Y creo que por parte del sector privado tiene indicios de apoyar la gestión gubernamental y la transparencia, pero para ello se necesita que de parte del gobierno hayan reglas claras en cuanto a la certeza jurídica, seguridad ciudadana.

Condiciona Desarrollo

Desde que en 1988 el economista Robert Klitgaard acuñara la “fórmula de la corrupción” como “igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública, menos responsabilidad —de rendir cuentas— por la decisión pública”, mucho se ha discutido sobre los ámbitos de aplicación del concepto.

Un punto resaltado por los entrevistados es que la corrupción forma parte del círculo vicioso que condiciona una mejora en la vida de la población en general.

Para Carlos Mencos,  contralor general,  debe establecer procesos de diálogo con el sector privado, para encontrar aliados en la implementación de reglas claras que brinden certeza jurídica.

La responsabilidad del empresariado tampoco puede estar ausente, resalta Manfredo Marroquín, presidente de  Acción Ciudadana, organización no gubernamental especializada en transparencia.

El reto para este sector es comprometerse a hacer “negocios limpios” con el Estado y no tolerar la corrupción.En esta misma línea Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, destaca que las estructuras del crimen organizado dedicadas a la corrupción cuentan con los suficientes recursos para incidir en la justicia, lo que hace difícil la lucha.

El resultado de una justicia cooptada es a su vez una limitante para el desarrollo del país, apunta Pérez. El compromiso
como ciudadanía, en todo caso, es el de romper el círculo que drena recursos del Estado para garantizar impunidad a sus mismos depredadores.

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