El caso contra Escobar tuvo de origen una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en mayo de 2017.
Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva de 2016 determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.
Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.
La CGC sustenta la denuncia en que la comuna no puede tercerizar el servicio catastral. Se fundamenta en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.
Escobar es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último, pero aún no solicitado su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por medio de un comunicado, Escobar expuso que el juez pesquisisdor que analizó su caso resolvió: “Considero que no tiene sustento la plataforma fáctica contenida en la denuncia presentada por los señores auditores de la Contraloría General de Cuentas, CGC, y en la solicitud de antejuicio presentada por el agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, en contra del Alcalde del Municipio de Villa Nueva de Edwin Felipe Escobar, declarando que no a lugar a la formación de la causa…”
Escobar argumentó que se sometió a investigaciones que hizo el juez: “el juez pesquisidor, quien no encontró elementos para retirarme la inmunidad, como lo planteo en el primer inciso. Sin embargo, como lo he manifestado soy respetuoso de la ley y confío en que se haga justicia. Estoy consciente que todo ciudadano puede ser investigado, aún sin fundamentos, como es mi caso, pero demostré que el proceso es espurio y sin fundamento ante el juez pesquisidor, y no tengo ningún problema en volver a demostrarlo. Me presentaré ante las autoridades cuando se me cite y aportaré las pruebas que demuestren mi inocencia”.
El alcalde argumentó que la CGC no pone en duda la celebración de la empresa contratada para servicios catastrales: “Los auditores no objetan la contratación de la empresa ni cuestionan la ilegalidad del contrato, todos estos extremos fueron revisados y el juez pesquisidor, quien los tomó como base para concluir que mi persona no fue quien autorizó. La Municipalidad de Villa Nueva contrató el servicio en el 2004, ocho años antes de que yo asumiera como alcalde del municipio, mis períodos corresponden de 2012-2016 y 2016-2020”
El caso según Escobar:
- Los auditores no objetan la contratación de la empresa ni cuestionan la ilegalidad del contrato, todos estos extremos fueron revisados y el juez pesquisidor, quien los tomó como base para concluir que mi persona no fue quien autorizó. La Municipalidad de Villa Nueva contrató el servicio en el 2004, ocho años antes de que yo asumiera como alcalde del municipio, mis períodos corresponden de 2012-2016 y 2016-2020.
- Desde que se realizó el contrato en el 2004, los auditores de la CGC nunca presentaron denuncias ni hallazgos, por lo cual se estableció que la relación contractual no tenía ningún impedimento legal. Tampoco se interpusieron denuncias contra los alcaldes que me antecedieron, es más uno de ellos ya goza de su finiquito y participará como candidato a alcalde de Villa Nueva en el próximo proceso electoral. El único señalado curiosamente soy yo.
- La aseveración en la denuncia interpuesta por los auditores de la CGC, radica en que la empresa contratada cobra el IUSI, lo cual es totalmente falso y sin fundamento, como lo evidenció el juez pesquisidor. Es la Municipalidad de Villa Nueva la que efectúa el cobro directamente, como lo pueden corroborar todos los vecinos que hacen sus pagos en la Comuna. Los servicios de la empresa
contratada son para fortalecer las capacidades, de igual manera que lo hacen otras comunas del país. - Llama la atención que un caso espurio que data de 2016, es desengavetado y de una manera veloz camine en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, de Guatemala a una semana de mi proclamación como candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana.
- Es evidente que se está tratando de evitar que participe en los comicios de junio de 2019, y así beneficiar a otros candidatos a la presidencia.
- He denunciado en reiteradas ocasiones que se está atentando contra la democracia del país, el derecho a participar en los comicios electorales y, al pueblo a elegir libremente. Espero que la justicia prevalezca en este caso político, falso y sin sustento legal e invito a la prensa nacional y extranjera, y a los observadores electorales, a investigar lo que está sucediendo en Guatemala de
cara a las elecciones generales de 2019. - Contenido relacionado
> Por qué se dejó en suspenso el reclutamiento de aspirantes a la PNC
> Regresa a tribunales el reo que escapó de la cárcel con una orden judicial falsa
