El 29 de junio de 2021, el juzgado dictó arraigo y arresto domiciliario contra el exjefe edil con caución de Q500 mil, pero, además, había aportado otros Q500 mil de depósito al Organismo Judicial y ese monto fue el que solicito que se trasladara como caución, pero el Juzgado rechazó esa posibilidad.
Escobar está ligado a proceso penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Según la Investigación del Ministerio Público, el 29 de abril de 2016 se autorizó, de manera arbitraria e ilegal, la compra de dos fincas ubicadas en el km 24.5, sector Zacarías, Finca Bárcenas, Villa Nueva.
EN ESTE MOMENTO
Dichas propiedades fueron adquiridas a la entidad BENSELAR. S.A por un monto de Q14 millones 154 mil 600.
Estos terrenos fueron adquiridos con la finalidad de licitar el diseño, construcción y operación de un proyecto de relleno sanitario en el sector.
De igual manera, esta planificación incluía el tratamiento de desechos en Villa Nueva, municipio que genera alrededor de mil toneladas de basura al día.
En las distintas sesiones por este caso, Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, reiteró que en todo momento cumplieron con los protocolos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto.
“Nos presentamos todos los convocados a este proceso para aclarar los hechos, demostrar que como Concejo Municipal cumplimos con todos los procesos y requerimientos que establece la ley para aprobar la compra de un inmueble, y reiterar que desde hace varios ya existía la necesidad real de construir un proyecto de relleno sanitario único en Villa Nueva”, declaró en su oportunidad el exjefe edil.
Según declaraciones de los acusados, esta compra fue aprobada por el Concejo Municipal de Villa Nueva, luego de seguir los procedimientos establecidos y confirmar que los mismos cumplían con los criterios técnicos para el funcionamiento del proyecto.
Asimismo, la alcaldía municipal reconoció que esta adquisición contaba con los dictámenes técnicos, jurídicos y presupuestarios requeridos, y la resolución de avalúo correspondiente realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
