Durante los próximos tres días, jueces de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala se reúnen en el Cuarto Congreso Internacional de Jueces, organizado por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, en el que se analizarán temas como la importancia de la independencia judicial.
“Son cuatro años consecutivos que EE. UU. ha apoyado esta actividad, porque la integridad es una práctica de ser honesto, de mostrar valores morales y éticos, es una práctica que todas las sociedades democráticas esperan tener en un sistema de justicia construido sobre el principio en que ninguna persona es superior a la ley”, agregó el diplomático.
Popp agregó que cuando los estados no tienen la capacidad para hacer cumplir la ley con igualdad surgen preocupaciones por el peligro que corre la democracia, porque “la justicia independiente es un elemento de un estado democrático”.
“Es un honor reconocer a quienes tienen mucha experiencia y buenas prácticas para proteger y defender el Estado de Derecho. Reconocemos su dedicación, buen ejercicio de sus funciones”, dijo Popp.
Reconocimientos
Durante el evento se otorgó reconocimientos a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Delia Dávila y María Eugenia Morales, así como a tres jueces de Mayor Riesgo, Erika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, quienes recibieron una medalla dorada por parte de la Asociación de Jueces de Colombia.
En agosto pasado, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción y garantizar la independencia judicial.
“La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial”, dijo este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
La Comisión deploró la destitución a finales de julio del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien tras ser removido denunció obstáculos en su labor y dijo que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei sin consentimiento de la fiscal general Consuelo Porras.
“Preocupa particularmente la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de alto riesgo en Guatemala”, indicó el organismo.
Entre estos mencionó a Pablo Xitumul De Paz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila, todos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.
La Comisión señaló el hostigamiento de jueces y fiscales en Guatemala por investigar “estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico” o “graves violaciones a derechos humanos”, o por apoyar a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
