El jefe de prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, Oscar Pérez, afirmó que la institución tiene 11 años de experiencia con batallones estratégicos de seguridad ciudadana, y que no fue disposición de la Defensa continuar dando el apoyo, ya que se remiten a cumplir las “órdenes y planes”.
Actualmente hay mil 900 soldados distribuidos en 10 municipios para patrullajes combinados y presencia en zonas catalogadas como “rojas”, es decir, con alta incidencia criminal.
En 2016 el presidente Jimmy Morales dio la orden de retirar al ejército de las calles, daban apoyo en 30 municipios a nivel nacional. Los soldados retirados ahora cumplen funciones de seguridad en las fronteras.
El retiro total de los castrenses debía estar concluido el 31 de diciembre próximo, ahora tendrán tres meses más y dependerá del Ministerio de Gobernación el lugar a donde sean desplegados.
Evitan ataques
La presencia del ejército disuade a un ataque organizado y planificado, afirmó Pérez. “El Ejército tiene ciertas capacidades y experiencia en protección civil y seguridad ciudadana, pero la ley no lo faculta para hacer capturas, a menos que sea infraganti, esas facultades las tiene la policía porque es seguridad civil”, detalló.
Desde el 2005 ha habido 840 mil patrullas combinadas con la PNC, indicó el militar.
Pérez señaló que la policía también está adquiriendo nuevas capacidades, como la reciente graduación de cuatro mil agentes.
Actualmente la seguridad ciudadana del ejército está en Guatemala, Amatitlán, Villa Nueva, Sayaxché y La Libertad, Petén; Puerto Barrios y Morales, Izabal; Esquipulas y Chiquimula, Nueva Concepción, Tiquisate y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Es un negocio
El analista político Christians Castillo, opinó que es una necedad que se siga usando al ejército en las tareas de seguridad ciudadana, además consideró que se ha convertido en un negocio, ya que el Estado le paga al ejército por cumplir esas labores.
“El tema ha sido debatido hasta el cansancio y es una total necedad del Consejo Asesor de Seguridad que tome la decisión de mantener los patrullajes conjuntos, toda vez que inclusive la Embajada de EE. UU. le dio casi la orden al gobierno de Guatemala que retirara al ejército de las tareas de seguridad ciudadana”, explicó Castillo.
Añadió: “Hay que recordar que el Estado de Guatemala le paga al ejército, no es que haya una cuestión de apoyo y buena fe con todo el ánimo de apoyar”.
El politólogo enfatizó en que el alto costo es para la política pública de seguridad. Castillo supone que el acuerdo es una devolución de favores que mantiene las transferencias de recursos a Defensa.
“Hay dos elementos clave fundamentales, no tienen entrenamiento adecuado y tampoco equipo”, detalló.
