Además, en la asamblea general de la ONU y posteriormente en una conferencia de prensa sobre daños por la lluvia, hubo más declaraciones que Morales que afianzaron el gran parecido de su discurso con el de, inclusive, el expresidente Otto Pérez Molina.
Verá que el discurso va coincidiendo entre quienes han sido detenidos por delitos de corrupción y que guardan prisión en Mariscal Zavala.
Excesos en el mandato
“No aceptaré presiones y no voy a dejar que se me imponga”, dijo el exmandatario Otto Pérez Molina el 27 de abril de 2016 durante una audiencia por el caso TCQ. Casualmente, ese fue uno de los argumentos del presidente Morales para declarar non grato al director de la Cicig, Iván Velásquez, el 27 de agosto de 2017. “Es nuestro deber no permitir presiones ilegítimas, ilegales e inconstitucionales”, afirmó Morales.
El discurso de Pérez Molina siguió en la misma línea. El 27 de junio de 2016 el exgobernante sostuvo que “el comisionado (Iván Velásquez) se ha salido de su mandato”. Una frase similar fue parte de la declaratoria de non grato que Morales hizo contra Velásquez. “El comisionado se excedió en sus funciones, porque se inmiscuyó en los asuntos internos que competen al Estado de Guatemala”.
A este discurso contra la Comisión se sumó Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quien aseguró en agosto del año pasado que “esta entidad ha venido al país y no tienen principios, y todo lo quieren hacer a base de engaños, a base de falsedad”.
“Justicia selectiva”
Esa frase ha sido repetitiva en los discursos de varios políticos señalados por la Cicig. “Evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política”, señaló Morales en su discurso ante la asamblea de Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2017.
Manuel Baldizón, ahora detenido en Estados Unidos, señaló a la Cicig de “politizar la justicia” durante una entrevista en CNN el 28 de julio de 2017. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) también había manifestado en mayo del año pasado que el MP y la Cicig ejercen una “persecución penal selectiva, y que hay procesos donde no se ha cumplido con los tiempos procesales por errores de la fiscalía”.
La persecución penal selectiva también es mencionada en muchos tuits de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y en muchas cuentas de redes sociales cuestionadas por ocultar su identidad.
En su discurso ante la ONU, Morales también expresó que Guatemala vive un momento de polarización “que no conviene ni nos llevará a ningún lugar. La misma idea había expuesto un mes antes el diputado oficialista Javier Hernández al afirmar que “el comisionado Iván Velasquez debe retirarse de la República de Guatemala para evitar la polarización.
Presunción de inocencia
Los polítidos también han coincidido en alegar violación por parte de la Cicig y el MP al principio de presunción de inocencia. “Con objetividad y ecuanimidad vamos a aplicar correctamente el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia”, aseveró Morales en su pronunciamiento ante Naciones Unidas.
Eso mismo dijeron Pérez Molina y el ahora prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi. “Los acusadores no respetan mi derecho a la presunción de inocencia”, aseguró el expresidente el 5 de septiembre de 2015. “Yo soy inocente. Y eso lo tienen que respetar todos porque gozo de la presunción de inocencia”, reiteró en un comunicado
“Lo que está en juego es el derecho de presunción de inocencia, un derecho que Cicig está violando al politizar, mediatizar, juzgar y sentenciar los casos”, dijo Sinibaldi en un comunicado que emitió en enero de 2017 para defenderse de los señalamientos de la Cicig y el MP.
Antejuicios
El MP y la Cicig han planteado dos solicitudes de antejuicio contra el mandatario Morales, una por presunto financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevo a la Presidencia y otra por el bono militar de Q50 mil que recibió durante nueve meses y que tuvo que devolver. En la primera ocasión fue librado por el Congreso de la República y en la segunda, la CSJ la rechazó. Por el segundo antejuicio hay un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) pendiente de resolver.
Quien también ha manifestado su rechazo a la labor de la Cicig y el MP es el alcalde capitalino Álvaro Arzú. Muestra de ello fue su comparecencia en la conferencia de prensa que Thelma Aldana e Iván Velásquez ofrecieron el 5 de octubre de 2017, en la que anunciaron un antejuicio contra el jefe edil.
“Yo vine acá para verles la cara, porque la verdadera razón de este extranjero y esta señora (Velásquez y Aldana) es que no pudieron, gracias a mí, darle el golpe de Estado que querían al presidente Constitucional de la República (Jimmy Morales). Esa es la razón, que yo defendí al presidente, porque considero que otro golpe de Estado en Guatemala sería fatal”, manifestó Arzú en la sede de la Fiscalía.
El discurso contra el MP y la Cicig también fue adoptado recientemente por Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso de la República, señalado en la red de corrupción Traficantes de Influencias.
“No nos dejemos intimidar por el pacto de terroristas que ha cooptado a nuestra Nación, queriendo tomar el poder por la fuerza y no por la vía democrática”, dijo Alejos en un video divulgado en la televisión abierta y en redes sociales.
Señaló que la solicitud de antejuicio en su contra es por motivos políticos y es respuesta a que no se prestó para “dar un golpe de Estado técnico al presidente de la República (Jimmy Morales)”.
