El estado de Sitio fue instaurado en este municipio por el Gobierno, luego de que grupos de manifestantes mantuvieron durante 17 días un bloqueo carretero como medida para exigir participación en la preconsulta del funcionamiento de la mina Fénix. La medida fue ratificada por el Congreso, y está vigente por 30 a partir del pasado lunes.
El Estor, municipio que se ubica a más 300 kilómetros de la capital, ha estado bajo esa medida durante varias ocasiones desde el gobierno de Jimmy Morales a la fecha, debido a los conflictos entre pobladores por la actividad minera en el lugar.
Capturas y allanamientos
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), reportó que hasta el viernes por la mañana llevaban 17 personas detenidas en los operativos de seguridad en El Estor. Destacan el rescate de una menor, de quien se sospecha era víctima de trata de personas.
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Hasta ayer se reportaban 26 allanamientos, así como la recopilación de información e indicios que podrían aportar a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.
Según el portavoz, las detenciones se han ejecutado por delitos relacionados con violencia contra la mujer y usurpación. Sin embargo, pese a que la Policía reporta detenciones, estas no están vinculadas con el estado de Sitio, ni tampoco con las personas que se supone agredían a los policías o generaban los bloqueos, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil.
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Agregaron que buscan capturar a las personas que han participado en los bloqueos y las protestas que comenzaron el pasado 4 de octubre, porque ya los identificaron, pero aún no confirman las detenciones.
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El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss) afirma que se ha demostrado que los estados de Sitio implementados por gobiernos anteriores no resuelven los problemas de seguridad ni tampoco la conflictividad social en los lugares donde se han impuesto; más bien la medida más efectiva sería el uso de inteligencia estatal.
Las organizaciones recomiendan que se deben fortalecer todos los mecanismos de la institucionalidad de la paz para el diálogo, atender la conflictividad y evitar el uso de la fuerza.
Jornadas de protestas
Las manifestaciones realizadas por personas que se identifican como habitantes de El Estor, a lo largo de la semana, tuvieron motivos diferentes. Mientras que unos agradecían por la imposición de la medida en el municipio, porque han recuperado la “tranquilidad” y es beneficioso para el comercio, otros están en contra de la medida y piden que deje de tener vigencia.
Durante la semana de manifestaciones, los pobladores manifestaron su rechazo o apoyo a la medida. Una vecina de El Estor que viajó a la ciudad dijo que se sentía “feliz y agradecida con Dios” porque las autoridades retomaron el control en el lugar y regresó la tranquilidad. Afirmó que ya no quieren más bloqueos que impidan regresar de su trabajo a su hogar o viceversa.
Otra vecina señaló también que el estado de Sitio les trajo tranquilidad, y logran pasar los bloqueos sin pagar los cobros ilegales.
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Mientras otro grupo en contra de la actividad extractiva criticó el estado de Sitio y reclamó no haber sido consultadas todas las comunidades sobre la explotación de minerales en el lugar. A ese grupo se sumaron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en la jornada de protestas.
La Policía Municipal de Tránsito de la capital explicó que las manifestaciones se realizaron una vez por día y tuvieron concentraciones en diferentes puntos: el Congreso, la Casa Presidencial, la Corte de Constitucionalidad, la Sexta Avenida y la Plaza de la Constitución.
CIDH se pronuncia
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación que han sido reportados, por lo que recordó al Estado sus deberes de respeto y garantía hacia la labor de la prensa.
Entre sus reportes destacan que el pasado 22 de octubre, por lo menos cuatro periodistas de medios alternativos fueron agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones que se realizaban en El Estor y como las fuerzas de seguridad buscaban dispersar a las personas.
La oficina destaca que además de las amenazas realizadas contra los periodistas, los policías habrían usado gases lacrimógenos para dispersar las protestas
