“La decisión de la Policía Nacional Civil de retirar a los investigadores policiales designados a la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), afecta al MP por los casos que están en investigación en dicha fiscalía, ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo y tienen diligencias específicas asignadas; ante ello, de establecerse la comisión de un acto delictivo se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”, demandó Porras en el comunicado.
La fiscal general aboga por el regreso de los investigadores policiales porque “la coordinación interinstitucional -del MP y la PNC- ha logrado resultados positivos en la lucha contra la corrupción e impunidad” y puede afectar la labor del MP.
“El Ministerio Público, con fundamento en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Policía Nacional Civil, exige a la Policía Nacional Civil, la reasignación a la Feci de los elementos”, agrega la fiscal general en el comunicado, además, insiste en el respaldo al equipo de investigadores que integran la Feci.
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El Ministerio de Gobernación (Mingob) por medio de Comunicación Social vía chat respondió: “La PNC actúa de conformidad con la Ley y es una institución jerárquica. De tal manera que sus acciones se apegan a derecho en todas sus actuaciones”.
Las autoridades del Mingob en este mensaje no aclaran si reasignarán a los 20 investigadores policiales tal y como lo exige la fiscal general, pero dejan entrever que la decisión de la PNC se “apegan a derecho”.
La fiscal general advirtió en el documento: “De establecerse la comisión de un acto delictivo -al no reasignar a los investigadores- se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”.
La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/OLJICm4wf8
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 25, 2019
La fiscalía
La Feci ya había advertido el impacto negativo que tenían luego de la disposición de la PNC de retirar a los detectives policiales que habían llegado a comienzos de este año para apoyar en el avance de las investigaciones de los casos de corrupción.
El titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, explicó que fueron 20 detectives de la PNC separados de la fiscalía, los que habían llegado el 10 de enero pasado. Fueron designados para avanzar con las pesquisas de los casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó.
Jovel dio instrucciones
La diputada del Congreso de la República Andrea Villagrán pidió el jueves pasado explicaciones al director general de la PNC, Carlos Roberto Tohom Escobar, por el retiro de policías que apoyaron a la Cicig y el MP.
La legisladora cuestionó a Tohom Escobar por el retiro de agentes policiales asignados a la Cicig el 16 de enero pasado y el director de la PNC respondió: “No se han girado instrucciones por parte de esta Dirección General a mi cargo, en esa fecha”.
En la misiva Tohom recordó a la diputada que el Gobierno emitió el acuerdo 2-2019 en el que se dio por terminado mandato de Cicig.
Tohom en el documento aclaró una decisión que se tomó el lunes pasado: “La señora Ministra de Relaciones Exteriores se dirige al señor Ministro de Gobernación en donde le manifestó que, a consecuencia, del Acuerdo Gubernativo ya relacionado -acuerdo 2-2019-, tome las medidas que crea convenientes en el ámbito de su competencia”.
En este documento el director de la PNC explica que el 22 de enero pasado recibió instrucciones: “El señor Ministro de Gobernación mediante oficio número DM-065-2019/EADA/Ases, Ref. 0406, me instruye en mi calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, para que en el ámbito de mi competencia y de conformidad con la Ley, realice las acciones o medidas convenientes en referencia al tema relacionado”.
El director de la PNC respondió a la legisladora que no dio órdenes para retirar “recurso logístico que se encontraba al servicio de la Cicig” y que el jefe del departamento de Material Móvil de la subdirección general de Apoyo y Logística, “lo hizo a título personal”.
El @GuatemalaGob sigue girando órdenes con base a un Acuerdo Gubernativo que la @CC_Guatemala dejó sin efecto. Es claro el desacato a las resoluciones constitucionales. Esta fue la respuesta de @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/VUMELHDtmr
— Andrea Villagrán 🇬🇹 (@avillagran502) January 25, 2019
Análisis
El exministro de Gobernación Francisco Rivas calificó la exigencia de la fiscal general como “correcta y acertada”, pero señaló que “fue un poco tardía”.
La decisión del Ministerio de Gobernación de retirar a los investigadores policiales es para Rivas una instrucción que emitió la Presidencia y la PNC obedeció.
“Esto no fue una decisión de la Policía Nacional Civil, esto responde a una instrucción del Gobierno y de Presidencia donde se tienen claro los objetivos de no apoyar los esfuerzos que se hacen en contra de la lucha contra la corrupción y el tema de justicia”, analizó.
Según el exministro de Gobernación la PNC “asumió la decisión” y refleja instrucción de la Presidencia.
“Es verdaderamente lamentable que todo un esfuerzo de más de 10 años que se venían haciendo a nivel interinstitucional entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Inteligencia Civil, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto de la Defensa Pública Penal, hoy se esté menoscabando y estemos retrocediendo”, señaló.
El analista del Centro de Estudios de Guatemala, Oswaldo Samayoa, expuso: “El Organismo Ejecutivo ha tomado una serie de cesiones para atacar al ente investigador o a quien ha apoyado las investigaciones como la Cicig, y eso también implica a la Feci. Esto nos hace presumir que hay búsqueda de impunidad para perjudicar casos e investigaciones”.
Samayoa indicó que el retiro del personal de la PNC es una forma de intimidar a los fiscales del MP y obstaculizar s labor.
Las decisiones de la fiscal general para Samayoa no han fortalecido la institucionalidad del MP.
“La fiscal general tiene que ser más contundente y generar más certeza institucional, lo tercero que es evidente, es que el discurso de soberanía no es más que reestructuración de pequeños espacios en los que puede generarse impunidad”, criticó.
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