El juez Guillermo Luna, del Juzgado Noveno Penal, ordenó el embargo del 35% del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, como medida precautoria solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó este martes 28 de octubre el Ministerio Público (MP).

Durante una audiencia unilateral, el fiscal Rafael Curruchiche presentó la solicitud en el marco del caso UNOPS-Corrupción Presidencial. Luna también ordenó que no se realice ningún pago a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Hemos solicitado como medida precautoria que no se realice ningún pago a UNOPS, y el juez ha ordenado embargarle el 35% del salario al ministro de Salud, a efecto de que, si él realiza algún pago o desembolso a UNOPS, este quede retenido”, declaró Curruchiche.

El fiscal agregó que el ministro Barnoya deberá apelar la resolución y asumir las consecuencias de sus actos si efectúa algún desembolso a la agencia.

Curruchiche desmintió que la falta de medicamentos en hospitales sea responsabilidad del Ministerio Público. Recordó que el Ministerio de Salud puede adquirir medicinas a través de tres mecanismos: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) y UNOPS.

De acuerdo con datos de Curruchiche, solo el 7% de los medicamentos —de un total de más de Q1,000 millones— han sido comprados a UNOPS, por lo que el fiscal descartó que el Ministerio Público sea responsable del desabastecimiento en los hospitales.

Denuncias por contrato millonario

La fiscalía acusó recientemente al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de actos de corrupción por la firma de un contrato con UNOPS para adquirir insumos médicos y equipo por US$943.9 millones. Este fue suscrito en abril del 2024 por el entonces ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de UNOPS.

Curruchiche afirmó que dicho contrato “lesivo para los intereses del país” debió haber sido aprobado por el Congreso y aseguró que la orden fue promovida por el presidente Arévalo y su hermano, Martín Arévalo, quien trabaja para UNOPS en Roma.

El juez ordenó la detención de Cordón y la fiscalía solicitó el retiro de inmunidad del actual ministro Barnoya, a quienes acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.

En respuesta, el presidente Bernardo Arévalo rechazó las acusaciones: “Inventan casos como el que se está inventando ahora; es una ficción, son fantasías animadas de ayer y hoy”, afirmó en conferencia de prensa.

Dos semanas atrás, el mandatario ya había aclarado que su hermano “no tiene nada que ver, ni remotamente, con las gestiones que se hacen a nivel Guatemala”, ya que su función es de representante de UNOPS ante la FAO.

Postura de la Presidencia

La Presidencia calificó como ilegal la medida dictada por el juez a cargo del caso presentado por el Ministerio Público contra el ministro de Salud, al recordar que este goza del derecho de antejuicio. Señaló que estas acciones forman parte del “terror judicial” que, a su juicio, impulsa el MP en detrimento de la salud de los guatemaltecos.

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