Los dos trabajadores, prófugos desde septiembre del 2016, son señalados de peculado por sustracción y falsedad ideológica.
Plazas fantasmas
El investigador de la Fiscalía Carlos de León confirmó que Valenzuela Mejía figuraba como trabajador del Registro General de la Propiedad entre el 2012 y el 2014, aunque nunca había ocupado el puesto.
“Él tenía un contrato por servicios profesionales —029— en el Registro de la Propiedad. El monto total que recibió en esos casi dos años fue de Q194 mil 500”, dijo el Fiscal.
Asimismo, explicó que Solórzano Morales recibió la plaza en el 2014, y obtuvo al menos Q82 mil 833 sin presentarse a la entidad, entonces dirigida por Anabella de León.
“Las características de los contratos son las mismas de los 14 más que están en el caso, que se encuentra en la fase de debate; es decir, fueron firmados por las mismas personas, entre ellas la jefa de Recursos Humanos y los jefes inmediatos desconocían por qué ellos estaban supuestamente asignados como trabajadores en las sedes regionales del Registro de la Propiedad”, dijo Carlos de León.
El fiscal agregó: “En la declaración que rindió Bianca Yaneth Chacón Barillas, una de las implicadas, reconoció ante el Tribunal Décimo Tercero haber recibido una plaza y que nunca se presentó a trabajar. También aseguró que varias plazas fueron entregadas a Salvador Baldizón”.
Para el investigador aún no está claro cuál es la relación entre la entonces registradora Anabella de León y el diputado Salvador Baldizón.
En esta fase de investigación la Fiscalía no descarta que Anabella de León otorgaba plazas fantasmas a diputados, supuestamente de oposición, para evitar que fuera citada al Congreso y rindiera cuentas de su desempeño.
Fuentes relacionadas con el caso apuntan que al menos ocho de las 16 plazas fantasmas del Registro General de la Propiedad estaban asignadas a trabajadores del Congreso; sin embargo, aún se desconoce el destino de los sueldos pagados por el Registro. La misma Anabella de León se ha negado a hablar acerca de las contrataciones.
Caso Botín
La Fiscalía Especial contra la Impunidad abrió una investigación contra la exregistradora en julio del 2015 por irregularidades en el manejo de Q66.2 millones en el Registro de la Propiedad durante su administración.
Una de las denuncias se refiere a un pago de facturas emitidas por Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por Q90 mil por desayunos para 564 personas, y otra emitida por El Rincón del Chef por Q51 mil 878.60, que corresponde al montaje para la evaluación de desempeño laboral de los trabajadores del Registro de la Propiedad.
En el primer caso están acusados José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.
Según la investigación, los Morales consiguieron las facturas para la madre de la entonces novia de José Manuel, quien en lugar de comida habría entregado canastas navideñas. El próximo lunes comenzará el debate del caso Botín Registro de la Propiedad.
