El naviero español, Pérez-Maura, es reclamado por Guatemala por supuestamente haber sobornado en 2016 al gobierno de Otto Pérez Molina con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera, Grup Maritim TCB.
Ligorría compareció hoy en la Audiencia Nacional española y rechazó los hechos que se le imputan, pero reconoció haberse entrevistado unas dos veces con Villarejo porque en aquellas fechas “era un referente en España en la gestión de crisis”.
Villarejo, que fue uno de los jefes policiales más importantes de España, se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal por distintos hechos .
Además de rechazar haber intervenido para evitar la extradición de Pérez-Maura, el diplomático negó que el excomisario y el empresario Adrián de la Joya, también imputado en la misma causa, le prometieran auparle a la presidencia de su país.
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“Eso es una fábula que no se sostiene”, aseguró a la prensa el exembajador, al que en junio del año pasado la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Guatemala, que le reclamaba por blanqueo en relación con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011.
Tras su declaración, el juez, también a instancias de la Fiscalía, le impuso comparecencias mensuales y la obligación de comunicar cualquier salida de España.
Ligorría fue detenido en Madrid en julio de 2017 en cumplimiento de una orden de busca y captura cursada por Guatemala por un delito de financiación electoral ilegal, pero finalmente el juzgado guatemalteco le reclamó en octubre de ese año solo por uno de blanqueo de capitales, al considerar que el primer delito es de naturaleza política.
Las autoridades guatemaltecas le reclamaban afirmando que, como consultor político, es sospechoso de haber organizado reuniones para financiar ilícitamente la campaña electoral de 2011 del Partido Patriota, que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, en una trama que incluye a las principales compañías telefónicas de Guatemala.
En julio de 2018 la Audiencia Nacional rechazó su extradición al considerar que los hechos de los que le acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en el derecho español, y no concurre así el requisito de doble incriminación.
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