Los legisladores del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Luis Chávez Pérez, Mirza Arreaga Meza de Cardona y Mario Yanes Guerra son sindicados de tráfico de influencias y abuso de autoridad, mientras que Mario Rivera Cabrera es acusado de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.
Además, el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es acusado de haber cometido fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.
Según explicó la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación inicial contra los diputados comenzó por una denuncia del ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez.
El funcionario presentó su señalamiento acompañado de audios y videos de las conversaciones sostenidas con esos diputados.
Piden favores
Las investigaciones determinaron que los diputados Chávez y Arreaga solicitaron la contratación de determinadas empresas de construcción para obra gris en Huehuetenango, a cambio de no atacarlo políticamente.
El diputado Yanes solicitó al ministro de Desarrollo Social la asignación de cinco plazas fantasmas en esa cartera, y a cambio le ofreció otorgarle dos de esas.
Entre las características de las plazas, el diputado expresó la necesidad de que en los puestos para “sus operadores” deban presentar un informe a final de mes, pues no irían a trabajar.
Yanes ofreció, además, “buenos contactos” en la Contraloría General de Cuentas, en caso los llegara a necesitar.
Se defienden
Diputados de Líder consideran que las acciones presentadas son “puro chantaje político del MP para que no se le quite el antejuicio a Pérez Molina”, según detalló Roberto Villate, secretario general de ese partido.
El portavoz de Líder, Fridel de León, manifestó que ni la agrupación ni los diputados han sido notificados de las denuncias. “Se nos hace muy sospechoso que entre las investigaciones no hay un solo señalamiento de los funcionarios del partido de la UNE, quienes tuvieron grandes señalamientos de corrupción”, expresó.
Lavado de dinero
Thelma Aldana detalló también que el diputado Mario Rivera fue investigado por lavado de dinero, pues al evaluar sus ingresos, se determinó que los bienes que posee no fueron adquiridos de manera lícita, al no poseer sueldo acorde a sus gastos.
Cinco vehículos de lujo, cinco viviendas también lujosas y una cuenta bancaria de Q9 millones 194 mil son propiedad del legislador Rivera.
“Con el salario que pudo haber percibido durante nueve años como diputado no llegaría a dicha cantidad”, explicó la jefa del MP.
Nuevo antejuicio
En el caso del alcalde de Chinautla, Medrano, la investigación surgió por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por transacciones sospechosas.
La investigación previa determinó que en el 2008 fueron formadas cinco empresas comerciales: Constructora Lagunilla, S. A.; Multitel, S. A.; Santa Cruz Construcciones, S. A.; Constructora Escala, S. A.; y Constructora Equité, S. A., con la finalidad de prestar servicios a la Municipalidad de Chinautla.
Luego, en el 2009 y el 2011, se estableció la existencia de otras sociedades mercantiles: Constructora El Campo, Dinámica Constructiva, S.A., y Constructora Aguirre Hermanos, S. A., con las cuales tenía vínculos Medrano, y que fueron beneficiadas con la adjudicación de obras pagadas mediante el fideicomiso de la comuna.
Esas sociedades trasladaron fondos a las cuentas bancarias de las compañías creadas en el 2008, y posteriormente constituyeron certificados a plazo fijo a favor de la familia Medrano Osorio.
Los cheques que llegó a cobrar la familia Medrano Osorio tenían valor total de Q24 millones 905 mil, de los cuales Q56 mil fueron otorgados a Brenda Elizabeth del Cid Medrano, quien pretende competir por la Alcaldía de Chinautla, postulada también por Líder.
Iván Velásquez, jefe de la comisión de las Naciones Unidas, manifestó: “Consideramos que hay un entramado de corrupción que es necesario develar y, en esa medida, de manera conjunta con el Ministerio Público, podemos contribuir al fortalecimiento institucional”.
