La investigación fue solicitada por la fiscal Cinthia Monterroso, quien tiene a su cargo la acusación por parte de la Fiscalía contra Zamora Marroquín en dos casos: uno por supuesto lavado de dinero y otro por presunta obstrucción a la justicia. Según Monterroso, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana explicó que si una publicación periodística se considera que dice mentiras corresponde a la persona potencialmente afectada formular la aclaración al medio, en el tiempo que establece la ley.
Luego acudir a un Tribunal de Honor, si es un funcionario público el afectado, o a uno de Imprenta si es un ciudadano común.
EN ESTE MOMENTO
A juicio de Orellana, pareciera que “se está tratando de forzar o distorsionar un delito de acción personal sobre la base de un delito de obstrucción de la justicia”, lo cual genera dudas “porque la Constitución Política de la República señala la irrestricta libertad de emisión del pensamiento” lo que incluye opiniones y criterios de información.
El segundo párrafo del artículo 35 de la Carta Magna dice que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Este principio, añadió, se refuerza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Esperamos que la señora —la fiscal— recapacite o busque consejo legal apropiado antes de seguir cometiendo un error que puede ser nefasto para la libre emisión del pensamiento”, remarcó el abogado.
Por aparte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó la investigación que ordenó el juez “en contra de un grupo de periodistas y columnistas del medio de comunicación, elPeriódico”.
“Tanto el MP como algunos jueces están trabajando como sepultureros de la democracia”, comentó Byron Barrera, presidente de la APG, quien agregó que el sector justicia “está trabajando intensamente para que la frágil democracia que se estableció hace unos años se termine”.
La APG considera “poco viable la presentación de acciones legales para contrarrestar el ataque jurídico que está sufriendo la libertad de expresión, y sobre todo el ejercicio periodístico en Guatemala”.
Según Barrera, sería “utópico” pensar que dichas acciones serán resueltas de manera favorable, por lo que la APG tiene pensado buscar incidencia, pero no en el campo jurídico nacional.
“Lo que corresponde en este caso, y lo vamos a considerar, es una campaña internacional de denuncia contra los jueces y MP, para que la comunidad internacional analice qué está pasando en Guatemala, y se tomen acciones concretas que incidan en la realidad”, refirió Barrera.
Agregó que los mismos que están llamados a proteger la ley “la están irrespetando”, recordando que la Constitución Política de la República de Guatemala protege la libertad de expresión.
Además, Elsie Sierra, presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, señaló que “ya solicitamos hoy en la tarde una reunión con personeros del Ministerio Públicos para saber de qué se trata este tema, y luego, así como lo hemos hecho en otros casos, dependiendo de la naturaleza y el tipo de investigación y si entra en el tema de libertad de expresión, pues tomar las medidas o procesos legales y apoyo para el gremio, para los periodistas”.
Por lo anterior Sierra dijo que “en primera instancia estamos esperando que nos den esta reunión (con el MP), porque si nos urge saber de qué se trata, e incluso, solicitamos por escrito que nuevamente queremos saber qué casos tienen en la Fiscalía para periodistas y queremos saber también en qué fase se encuentran, porque si de alguna manera esos procesos no están de acuerdo a derecho, tenemos que actuar en favor de todos los periodistas de Guatemala”.
Además, dijo que podrían fijar una postura con el resto de las organizaciones de prensa del país.
“Estamos tratando de fijar una reunión que va a ser próxima, me imagino mañana, con la asistencia de prensa (…) para determinar en forma unificada cuál es nuestro actuar en este tipo de temas”.
“Estamos pidiendo investigación, como periodistas profesionales que somos tenemos que buscar esos antecedentes, buscar la información, estudiarla que nuestros departamentos jurídicos lo hagan también así y por supuesto tener esta reunión de cámaras, de asociaciones (…) para fijar algunas posturas”.
Además, el Comité para la Protección de los Periodistas hizo un llamado al MP a detener “cualquier investigación a columnistas y empleados del diario elPeriódico, liberar incondicionalmente a su presidente, Jose Rubén Zamora, y permitir que el personal del diario trabaje libremente”.
“Las autoridades guatemaltecas deben detener de inmediato cualquier investigación sobre los columnistas y empleados de elPeriódico y cualquier enjuiciamiento adicional de su presidente, Jose Rubén Zamora”, señaló Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en Nueva York.
Agregó que “el hecho de que las autoridades atacaran al personal de la publicación después del arresto de Zamora por cargos financieros dudosos es un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a los periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”.
