Algunos sectores señalan que existe una persecución judicial selectiva. ¿Es así?
Justicia selectiva tiene que haber. Investigación selectiva tiene que haber, porque lo que investigamos son fenómenos criminales y nos enfocamos en casos. Estamos investigando la corrupción, es una investigación selectiva en cuanto a fenómeno criminal, pero no buscamos personas. Jamás hemos buscado personas. En eso tenemos objetividad.
El 19 de enero surgió una declaración de que se presentarían diez casos antes de que finalizara su gestión. ¿Cómo saber cuántos casos vienen si usted ha dicho que cada cual tiene su propio tiempo?
Los casos van avanzados y tienen el momento exacto en que se llevan a los tribunales, y se depende de la agenda de los jueces. Por ejemplo, si tenemos un caso para la otra semana, y el órgano jurisdiccional dice “mi agenda no permite que los escuchemos, vengan dentro de 15 días”, bueno, será dentro de ese tiempo. Y si ya se tienen las órdenes de captura y la Policía nos dice “en esa fecha no puedo porque tengo que hacer una requisa, podemos tal fecha”. No podemos manejar fechas. Tenemos varios casos en investigación con la Cicig. No son diez, son más. Yo le exijo a los fiscales, pero no puedo garantizar que todos salgan porque no somos los del MP los que decidimos todo.
Los detractores del MP y la Cicig cuestionan la presentación de casos en conferencias de prensa en las que participa usted, el comisionado de la Cicig, la secretaria del MP o fiscales.
En los casos de MP y Cicig los damos a conocer el comisionado y yo, y en ocasiones el ministro de Gobernación. En los demás casos salen la licenciada Mayra Véliz y Ana Elena Guzmán. Nos repartimos el trabajo.
En el tema de la presunción de inocencia, ¿cómo se justifican los pedidos de prisión preventiva, como en los casos presentados por la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad)?
Hay que tener claridad y comprender la diferencia entre prisión preventiva y el principio constitucional de presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene que ver con el trabajo de los jueces.
La prisión preventiva depende de cada caso en particular, y yo sostengo que los casos de mayor riesgo son de mayor riesgo y no requiere mucha explicación. No todos los casos son de mayor riesgo. Hay una competencia ampliada respecto de los jueces de la jurisdicción ordinaria penal, porque hay casos donde intervienen estructuras criminales de tal magnitud que ponen en peligro la vida de los jueces, los fiscales y de los mismos procesados. La Cámara Penal declara con lugar la solicitud y a partir de allí estamos en una competencia de mayor riesgo.
Eso quiere decir que quienes están sujetos a este proceso penal, en su mayoría deberían estar en prisión preventiva. No debería enfocarse -la atención- solo en estos casos -por corrupción-, y es que hay más de 20 mil personas en prisión preventiva, y en el caso de los de mayor riesgo, el 90 deberían estar en prisión preventiva.
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¿Existiría una opción en la ley para tratar los casos de mayor riesgo y evitar lo que algunos temen, que es la exposición mediática?
Yo se los preguntaría a ustedes, porque lo mediático no lo manejo yo, ni el comisionado. Lo manejan ustedes. Y vean lo que pasó el sábado con las diligencias del fin de semana. Todos se preguntaban: ¿por qué las diligencias en secreto? ¿Por qué no hay conferencia de prensa? Es difícil explicar lo que se está haciendo. Nosotros llamamos a una conferencia de prensa por transparencia, y ya es el medio de comunicación el que decide si lo dan a conocer o no. Nosotros cumplimos con presentar el caso, pero son los medios de comunicación los que deciden qué cobertura le va a dar. Entonces lo mediático escapa de un manejo que pueda hacer. Quiero dejar claro que nosotros no manejamos lo mediático, yo nunca pido una entrevista a un medio; al contrario, me la solicitan.
Se habla de la posibilidad de un modelo de ley de aceptación de cargos. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos? ¿Cree que se podría aplicar?
Claro, en lugar de aprobar leyes de impunidad, el Congreso debería analizar este tipo de proyectos, porque la aceptación de cargos permite a la persona indicar que acepta los hechos y cuándo han sucedido, y le da la ventaja de que permite aplicar a una rebaja de la pena. Actualmente, una persona acepta el cargo y los beneficios son menores, dependiendo del delito que se le esté imputando.
La aceptación de cargos, incluso en otros países, está demostrado que contribuye al desahogo del sistema de justicia penal en casos que no son de alto impacto, sino delitos menos graves. Eso permite que jueces y fiscales nos dediquemos a casos más complejos o de alto impacto en el país.
¿Cuál sería el mensaje en esta fase final de su gestión al sector empresarial organizado?
Yo no le daría un mensaje a un grupo determinado, sino a todos los habitantes por igual. El mensaje sería que nadie es superior a la ley.
Han sido evidentes las diferencias entre el presidente con el MP y la Cicig. Si tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿qué le diría?
A estas alturas, lo que le entregaría es mi memoria de labores. Ya estoy en fase de cierre de mi periodo, y ese sería el mensaje, pedirle que acompañe al próximo fiscal general con determinación, con enfoque verdadero hacia la lucha contra la corrupción.
¿Cuánto cambió la presencia del comisionado Iván Velásquez los planes que usted tenía cuando llegó al MP?
Cuando yo llegué como fiscal, hace cuatro años, ya estaba el comisionado Iván Velásquez y la Cicig. Yo conozco el acuerdo de creación de la Cicig entre Naciones Unidas y Guatemala. Es imperativo, no es facultativo de un fiscal decidir si trabaja con la Cicig, porque es una ley nacional. Por eso nunca dudé en trabajar de la mano con la Cicig.
¿De no haber estado Velásquez, habría sido diferente su situación?
Con todo respeto, yo no trabajo en base a supuestos, ni qué hubiera querido yo. Ese era el momento, la situación era aquella y mi decisión fue acatar la Ley, y sigue siendo. No dudé y empezamos a trabajar juntos desde el primer día.
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Si la Cicig terminara su mandato en los próximos dos años, ¿cuál quisiera que fuera la prioridad de esa comisión?
Fortalecer la institucionalidad en el Organismo Judicial, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Policía, el Inacif, el Ministerio de Gobernación, fortalecer la independencia en el sistema de Justicia. Me parece que estamos muy lejos.
¿Cuánto tiempo más calcula que debería permanecer la Cicig en el país?
Como estamos ahora y en este momento, realmente los guatemaltecos deberían meditar y saber que es en el sistema político y en los partidos políticos donde hay que poner la atención, para que no se repitan elecciones como las que se dieron en el Congreso de la República. Tenemos que pensar en diputados que trabajen en beneficio del pueblo. Entonces, cuando pensamos si estamos listos para que se vaya la Cicig en 2019, está listo el MP. Yo creo que de todo el Estado y de todo el sistema, el que está mejor preparado es el MP. Yo no sé si el resto del Estado y la población misma están dispuestos a involucrarse y exigir transparencia. Es importante preguntarse por qué vino la Cicig.
Porque el Gobierno de Guatemala llegó ante Naciones Unidas a reconocer que hay aparatos clandestinos y estructuras criminales incrustados en el Estado guatemalteco, y que aquellos Ciacs —Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad— mutaron y se convirtieron en redes político-económicas ilícitas incrustadas en el Estado. Los casos que se han investigado lo dicen con claridad. De tal suerte que ese reconocimiento del Estado guatemalteco es que el propio Estado no habría podido atacar ese flagelo. La Cicig trabaja con todas las instituciones, hay varios planes piloto, incluso el mandato dice que el MP y la Cicig son los que deben trabajar de la mano.
Desde su propio análisis de las estructuras incrustadas en el Estado, ¿cuál es la situación de esas redes?
Hemos avanzado un poco en la desarticulación, pero aún permanecen. Estas estructuras criminales tienen la capacidad de reorganizarse. Si logramos la detención de altos mandos, inmediatamente sustituyen a esas personas. Por eso el MP ha trabajado intensamente la Extinción de Dominio, porque sabemos que toda la estructura criminal tiene una economía ilícita para hacerse de dinero fácil, tiene una motivación que es hacer dinero fácil. Por eso se ha trabajado en atacar la economía de estas estructuras criminales, para que ese dinero ilícito vuelva al verdadero dueño, que es el Estado de Guatemala.
¿Hay conexiones entre esos grupos o estructuras criminales?
Sí, a veces hasta rivales son, y en otras se prestan colaboración. Hay de todo en el mundo de la criminalidad.
Lo que debemos entender es que ellos no tienen fronteras, mientras que los sistemas de justicia tenemos que actuar en base en asistencias y solicitudes que deben cumplir requerimientos legales y el crimen organizado se mueve con mucha facilidad en nuestros países.
¿Cuántas estructuras criminales cree que operan en la actualidad?
Como tenemos que manejar inteligencia, obviamente tenemos idea de qué estructuras operan. Las tratamos de investigar y de esa cuenta hemos desarticulado muchas redes criminales en estos años.
¿Cuáles son los principales avances durante su gestión?
Tenemos la lucha contra las extorsiones. Está vinculada con una fiscalía especializada instalada en 2014. Cuando yo tomé posesión sabía que la extorsión era un delito que habría que perseguir de manera selectiva, porque este flagelo afecta a la población guatemalteca.
A través de esa fiscalía se han desarticulado grandes estructuras asociadas a las extorsiones y se sigue trabajando.
Además, hay avances en la mora, que alcanzaba los un millón 800 mil expedientes en cola. De ese cantidad se resolvieron o depuraron más de 676 mil 358. Creo que, quien me suceda, en unos tres años puede terminar y concluir la mora para trabajar solo en casos actuales.
¿Cómo tomó la salida del ministro de Gobernación Francisco Rivas?
Me sorprendió mucho, pero los equipos operativos seguimos trabajando, seguimos coordinando con el viceministro Kamilo Rivera.
¿Se ha comunicado con usted el ministro actual de Gobernación, Enrique Degenhart?
Al ministro no lo conozco. Yo asumo que él está preparando su despacho, así que espero que pronto se comunique. Hasta el día de hoy no, pero eso no ha afectado el trabajo.
¿Qué sentimiento le causa la corrupción?
Para mí es la desviación del ejercicio del poder público asociada con intereses privados; es decir, el cohecho pasivo y cohecho activo.
Desafortunadamente, en Guatemala -la corrupción- ha sido la regla y no la excepción. Cuando la corrupción es la excepción podemos enfocar mejor nuestros esfuerzos para combatirla. Cuando es la regla, como ha sido en Guatemala, es una tarea sumamente difícil y de ahí que se tienen que hacer todos los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y me parece que en Guatemala ya debimos haber comprendido que esta lucha es irreversible, que no hay posibilidades de volver al Estado criminal que dejó el Partido Patriota, en particular, y que es lo que no queremos volver a tener en Guatemala: un partido que se había criminalizado antes de asumir el poder, y lo digo con propiedad porque las investigaciones así lo demostraron.
Ahora está en manos de la población no permitir que la clase política fomente esto.
Existen opiniones de sectores que intentan justificar la situación diciendo que pese a la corrupción el país funcionaba. ¿Qué les diría?
Funciona sí, pero miremos nuestros niveles de pobreza, de falta a acceso a los servicios básicos, la existencia de los grupos vulnerables, y que son vulnerables porque no tienen acceso a un proyecto de vida, no tenían acceso a la salud, educación en condiciones dignas. Funcionan con la desigualdad social y la pobreza, más bien íbamos caminando sin esperanza para mucha gente.
Aunque usted misma citó al PP en estas estructuras, hemos visto en los casos, redes anteriores. ¿Se van a investigar gestiones anteriores al PP?
Yo creo que a partir de la apertura democrática en el país, por acción y omisión, la clase política tradicional, o la vieja política, es responsable del diseño de corrupción que se ha incrustado en el Estado. Investigar desde la época de los 90 es difícil. Yo respondo por mis cuatro años, no puedo responder por los demás fiscales y demás jefes del Ministerio Público o jueces. Hay periodos donde la investigación es posible. Hemos llegado con las investigaciones al año 2009, 2010, pero difícilmente vamos a encontrar en estos momentos escuchas que se pudieron dar en el partido de la UNE o Gana, FRG u otros partidos. Por eso insisto: respondo por mis cuatro años y el esfuerzo que se ha hecho.
También se argumenta que la lucha contra la corrupción es positiva, toda vez que no afecte a la economía, o se señala que la lucha anticorrupción golpea la inversión del país.
Respecto de eso, yo platiqué con el fiscal antimafia en Italia, hace un año, y le decía: en Guatemala están manejando la distorsión de que la lucha contra la corrupción contrae la economía. Me contestó: “La mafia italiana utilizó el mismo argumento cuando empezó la lucha contra ellos. Nosotros tenemos respuestas viejas ante ese problema nuevo de ustedes -en Guatemala- y la respuesta es que se necesita transitar hacia una cultura de legalidad”.
¿Cuál debería ser la realidad del sistema de justicia en 10 años?
Debería estar fortalecido, si realmente se quiere avanzar, pero eso no depende solo de los jueces o magistrados, sino de la voluntad política de quien nos gobierna de querer fortalecer la institucionalidad del sector justicia.
Con todo lo que ha visto en partidos políticos y dirigentes ¿le gustaría participar en política?
En estas condiciones es sumamente difícil, porque el partido político tradicional tiene sus espacios cerrados. Me parece que no hay posibilidad de que los dirigentes que han estado arraigados a los partidos cedan espacios a otras personas. Me parece muy difícil.
También se señala al MP y a la Cicig de que tienen una agenda ideológica.
La corrupción no tiene ideología. En Guatemala, que yo recuerde, no ha hecho gobierno desde la apertura democrática ningún partido de izquierda. En otros países donde ha habido gobierno de izquierda han sido evidentes los casos de corrupción. Entonces nos damos cuenta de que roba igual la izquierda que la derecha; no hay ideología para la corrupción.
De la misma manera, no hay ideología para el sistema de justicia. La ley no tiene ideología, nuestras leyes responden a un sistema republicano democrático y representativo, y esa es la ley que se debe aplicar. No cabe un análisis de izquierda o derecha cuando se hace una investigación.
¿Qué consejo le da a quien quede en su puesto?
Que sea independiente.
¿Usted participaría en las elecciones? De confirmarlo ¿Sandra Torres podría ser su compañera en el proceso?
Definitivamente no participaría en las elecciones. Descartado total y absolutamente participar en el proceso político con Sandra Torres. Lo descarto completamente. Ni ella me lo ha pedido ni creo que me lo vaya a pedir. Y si remotamente me lo llegara a plantear, definitivamente yo no participaría. Yo en este momento estoy enfocada en la transición en el MP, en eso estamos trabajando con mi equipo, y a partir del 16 de mayo no sé qué voy a hacer con mi vida profesional, pero si Dios me permite llegar a ese momento le podré contar dónde estoy y qué estoy haciendo.
¿Alguna frustración durante su gestión?
Realmente no. Yo estoy con mi conciencia muy tranquila, di mi mayor esfuerzo. Tuve la suerte de rodearme de un buen equipo. Yo seleccioné muy bien al equipo que llevé, ha sido muy profesional, muy técnico, y de haber mantenido a los fiscales en sus puestos en casi un 99 por ciento porque es la gente que hace la carrera fiscal, y de haber fortalecido la institución. Sé que hace falta mucho por hacer, pero realmente, frustraciones, ninguna.
¿Qué diferencia hay entre la Thelma Aldana que llegó al MP y la actual?
Salgo con una conciencia muy grande, consciente de que hay que luchar contra la corrupción. Yo no conocía la magnitud de la corrupción en el país.
Ayer platicaba en algún espacio cómo todos eran los funcionarios amigos o de alguna manera se convivía con muchas personas que ahora están presas. No sabíamos que formaban parte de estructuras criminales. ¿Cómo estábamos funcionando? Uno compartía, tenía reuniones de trabajo cuando había procesos de elección de cargos de magistrados. Por ejemplo, nos reuníamos con operadores políticos, con diversas personas y algunos de ellos están ahora presos. No se sabía que eran parte de una estructura. Ahora ya lo sabemos. Ahora el mecanismo de gestión para acceder a una magistratura es diferente. Ya nos dimos cuenta de que los gestores políticos eran parte de la delincuencia organizada.
De todos los casos de corrupción, ¿cuál le impacto más?
Cada caso tiene su nivel de complejidad que me sorprende. Desde luego, La Línea fue lo que me abrió el panorama para conocer la profundidad de la corrupción, pero un caso reciente que presentamos esta semana, el que está relacionado con el intendente de la Superintendencia Jurídica de la SAT, contrata a un abogado pagándole la SAT para demandar a la SAT. Me parece algo inconcebible que el jefe de una institución contrate a un abogado para demandar a sus propia institución.
Y es que cuando uno cree que lo ha visto todo en tema de corrupción se da cuenta de que de repente no ha visto mucho.
