Este martes 29 de agosto el Reino Unido se pronunció sobre la detención de González, quien es defensora de más de cinco exoperadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.
González aseguró el lunes pasado que su detención es una persecución política de parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., que la incluyó en una lista de actores corruptos.
De esa cuenta, el Reino Unido rechaza la captura de González y dice que esas acciones erosionan la confianza en el poder judicial, según escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, James Dauris, director adjunto de las Américas del Reino Unido.
EN ESTE MOMENTO
El mensaje de Dauris agrega que “El Reino Unido comparte la preocupación internacional por la detención en #Guatemala de la abogado y exfiscal @Claudia_GonzaO”.
También dice que “es preocupante ver que esta y otras acciones erosionan aún más la confianza pública en el poder judicial y el ministerio público, y en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.
Por su parte, González dijo el pasado lunes que “desde el año pasado estaba preparada porque hay varios casos en mi contra”.
“Están violentando mis derechos constitucionales”, alegó González al juez penal Jimmi Brenner, quien autorizó la orden de captura en su contra por un supuesto caso de “abuso de autoridad” y que intentó enviarla a prisión preventiva sin antes haber efectuado una primera audiencia para darle a conocer los motivos de su captura.
El juez Brenner a cargo del caso fue sancionado este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. Además, fue el mismo que ligó a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.
La exmandataria de Cicig fue enviada a prisión preventiva y su audiencia será renaudada el próximo 7 de septiembre.
Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.
