El Foos está conformado por seis organizaciones y cinco personas entre los cuales está Francisco Jiménez (FJ), exministro de Gobernación y Sandino Asturias (SA), analista en temas de seguridad y justicia, quienes explican y advierten sobre los efectos contraproducentes que tiene los estados de Excepción y los riesgos de aplicarlos como medida de forma consecutiva.
¿Los estados de Excepción se pueden relacionar con una sensación de más seguridad?
FJ: Dependiendo de las motivaciones del estado de Excepción, puede que en un momento determinado, puedan generar alguna sensación de seguridad. Lo que suele suceder es que en algunas ocasiones logra una percepción positiva porque en las calles se ven soldados y policías, pero no pueden ser permanentes.
Algo que es importante es que los estados de Excepción fundamentalmente están concebidos con el uso de la fuerza, y cualquier acción militar, en cualquier parte del mundo, implica que ocupen el territorio y tengan bajo control las posibilidad de amenazas, el problema es que en seguridad ciudadana la criminalidad no depende necesariamente del territorio. Hay muchos fenómenos criminales que se adaptan a la presencia policial y el hecho de que esté ahí el Ejército, por ejemplo, no garantiza que se disminuyan las extorsiones, o que se eliminen los robos o asaltos. Entonces, el costo beneficio de un estado de Excepción utilizando la fuerza militar es demasiado alto para el Estado, y sale demasiado caro mover la tropa y sostener esos operativos para los resultados que tienen.
SA: La falta de políticas en seguridad, salud, ambientales, y otras de los gobiernos hacen que nos tengan en permanente estado de Excepción. Con este gobierno creo que no tenemos ni una semana sin estar bajo alguna medida, y lo que ocurre es que se están violentando derechos fundamentales de las personas. Como la Ley de Orden Público tiene esa característica de la guerra, entonces lo que hacen en todos los estados de Excepción es militarizar, y es una forma que tienen los gobiernos de seguir usando el Ejército de manera permanente sin desarrollar políticas efectivas y ordinarias. En vez de eso utilizan estos estados para inmovilizar a la población, afectar sus derechos y sin ningún resultado.
¿Cuáles son los efectos contraproducentes de los estados de Excepción?
FJ: El punto fundamental es un desequilibrio en la necesaria armonización y convergencia que deben tener las instituciones de seguridad. Nuestro diseño institucional está hecho de tal manera, donde cada una tiene un rol específico en el esquema general de la seguridad y cada uno tiene una función que el Estado y la Constitución les define, y utilizando los estados de Excepción se rompe esa armonización, ese equilibrio y convergencia que busca la normativa y la legislación sobre los temas de seguridad y justicia.
SA: Son la falta de desarrollo institucional ordinaria y las compras sin control, porque hay que recordar que durante los estados de Excepción se pueden hacer adquisiciones sin licitación y se contribuye a la corrupción. Hay elementos constitucionales que deben ser preservados, por ejemplo, un allanamiento, una orden de captura que se hagan con orden de juez, todos estos elementos que son frágiles en nuestra democracia, en un estado de Excepción se ponen en riesgo. Ha habido denuncias de casos de tortura, de detención ilegal, bajo el amparo de estas medidas y por eso es importante que no se hagan o que se impongan de forma limitada para preservar los derechos.
¿Es necesaria la aplicación de estados de Excepción?
FJ: Yo creo, y con mi experiencia como ministro, y cuando cumplí otras funciones del Estado, que es necesaria la figura de los estados de Excepción, pero no utilizarlos a diestra y a siniestra cuando las capacidades ordinarias dan para resolver el problema. Se deben usar solo cuando la fuerza policial y las condiciones sobrepasan las capacidades de la Policía y en este momento no encuentro semejante cosa.
SA: La utilización de estas medidas han demostrado inefectividad y se vulneran los derechos fundamentales constitucionales sin los resultados que se esperan.
¿Qué riesgos existen si continúan los estados de Excepción desmedidos?
FJ: Hasta ahorita no ha habido, o al menos que yo no conozca, registros o denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, esto es una ventaja porque no ha sucedido.
Hay un punto fundamental cuando en una fuerza de seguridad, eso aplica aquí y en todas partes del mundo, sus autoridades utilizan con frecuencia situaciones excepcionales, con esto hacen tomar a los subordinados en la Policía decisiones dentro de la lógica (…) se van sintiendo autoritarios y tienden a cometer abusos y eso lo vimos en el toque de queda. ¿Por qué lo hicieron? Porque la exigencia de las normativas fue relajada, el jefe las relajó para dar resultados. El costo beneficio para la población es perder más que ganar con los estados de Excepción, porque no estamos logrando ningún resultado.
SA: Los riesgos son que estamos generando una cultura autoritaria, estamos fomentando una intervención militar sobre las fuerzas de seguridad y eso no desarrolla la capacidad ordinaria que debe haber. Lo que tenemos que desarrollar son las capacidades de la Policía y del Ministerio Público para desarticular bandas, en el caso de la criminalidad, o desarrollar las capacidades del Ministerio de Salud para los estados de Calamidad en crisis sanitarias.
¿Se necesitan reformas o una nueva ley de Orden Público?
FJ: Yo creo que sí se necesita una nueva ley, y esa es la coincidencia de la mayoría de los analistas, no solo académicos, sino también de la sociedad civil, y en su momento de muchos diputados que buscaron plantear una reforma, sino una ley totalmente nueva, de acuerdo con los principios y criterios constitucionales. Fue una discusión en el Congreso que se llevó a cabo, hay una propuesta de ley que llegó a la tercera lectura. Un tema tan importante como el orden público no se debe seguir con una ley que se dio en el contexto de las acciones contrainsurgentes, antes de la nueva Constitución, hay un desfase.
SA: Existe en el Congreso, aprobada en tercera lectura y con un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, una nueva ley de orden público que muy rápidamente podría ser aprobada. Toca puntos como que no se puede hacer compras sin licitación, que no se limite todo, que cada institución tenga a su cargo el problema excepcional. Es una nueva ley democrática para un Estado democrático como el que vivimos hoy, que regula una capacidad de Estado para ser excepcional.
Lo que hace falta es voluntad política para que eso se termine de aprobar.
