Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, oficializó la designación contra Sinibaldi y su familia a través de Twitter.
“No permitiremos que aquellos que se benefician de la corrupción permanezcan en nuestras costas. Hoy, el Departamento de Estado designa prófugo de la justicia al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi y su familia. Mantenemos nuestro compromiso de combatir la corrupción en Guatemala y en todo el mundo”, escribió el jefe diplomático.
We will not allow those who benefit from corruption to stand on our shores. Today, @StateDept designates former Guatemalan Minister and fugitive from justice Alejandro Sinibaldi and his family. We stand by our commitment to combat corruption in Guatemala and globally.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 3, 2019
De acuerdo con la agencia AFP, Sinibaldi ha entrado a la lista negra del gobierno estadounidense y le impide el ingreso a su territorio.
Posterior al tuit de Pompeo, el Departamento de Estado informó en un comunicado que Sinibaldi tuvo participación en corrupción significativa y se benefició de ella en relación con sus deberes oficiales.
Además de Sinibaldi, están en la lista negra su esposa María José Saravia Mendoza, su hijo Alejandro Sinibaldi Saravia y dos hijos menores de edad.
“La acción de hoy reafirma el compromiso de los EE. UU. de combatir la corrupción en Guatemala y en todo el mundo, y envía una fuerte señal a otras personas involucradas en una corrupción significativa de que no recibirán un puerto seguro en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Estado.
Qué implica
Una fuente consultada por Prensa Libre dijo que la designación contra Sinibaldi y su familia implica muerte financiera en Estados Unidos, por lo que no podrán hacer operaciones ni transacciones con bancos de ese países ni con bancos extranjeros que tengan alguna relación con la banca nortemericana. Además, no podrán ingresar a territorio estadounidense.
De acuerdo con la fuente, Sinibaldi es el primer guatemalteco incluido en la lista negra del Departamento de Estado.
Suma de expedientes
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti entre 2012 y 2014. Un año después, fue proclamado candidato presidencial por el PP, pero renunció al partido y abandonó el país, en medio de los señalamientos de corrupción contra esa administración formulados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En Guatemala, es prófugo desde el 11 de julio de 2016.
El más reciente caso de corrupción contra Sinibaldi se refiere a un desfalco de Q26 millones de un banco para financiar la campaña del PP.
En septiembre último, el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura del exministro por el caso Transurbano, donde se le señala de estar vinculado con empresas de cartón beneficiadas con contratos de seguridad para el servicio de transporte. Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A.. Ambas recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.
También está implicado en el caso Odebrecht, que salpicó a políticos y gobernantes de Sudamérica. El MP lo señala de haber negociado con los empresarios brasileños para la adjudicación de un tramo carretero de la Costa Sur. De acuerdo con el MP, Sinibaldi recibió US$19.7 millones -Q146 millones, es decir 7.5 por ciento de los US$300 millones del contrato- para repartir en coimas entre personas como Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón.
Sobre el caso Construcción y Corrupción, la Fiscalía cree que Sinibaldi, a través de empresas de cartón, habría recibido US$10 millones en sobornos, tanto para que el Ministerio de Comunicaciones adjudicara obras o para pagar deuda de arrastre. En audiencias judiciales, empresarios lo confirmaron. Por ejemplo, empresarios procesados ante el Juzgado de Mayor Riesgo D señalaron en octubre de 2017 que Sinibaldi les cobró unos Q19.7 millones. En ese mismo caso, Álvaro Mayorga, directivo de la Constructora Nacional S.A. (Conasa) e implicado, dijo el 7 de agosto de 2017 al juzgado que la empresa habría pagado Q36 millones en sobornos a Sinibaldi.
En el caso Cooperacha, Sinibaldi habría aportado Q2.5 millones y US$245 mil en regalos para Pérez Molina y Baldetti.
Antes de clausurar sus operaciones, la Cicig denunció ante el MP al Sinibaldi, Manuel Baldizón, expresidenciable implicado en corrupción aquí y condenado a cuatro años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero, así como Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua. A los tres los señala de haber influido en la elección de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2014-2019. Si se llegara a judicializar el caso, sería el Comisiones paralelas fase II.
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