El informe divulgado por el gobierno estadounidense señala que las personas incluidas en el listado habrían cometido “acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos”, asimismo los relaciona con prácticas a favor de la corrupción.
“Este informe, publicado en el Registro Federal, identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, involucrado en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción”, señala el Departamento de Estado en un comunicado.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Nuestros esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y anti-democráticos en Centroamérica”.
“Promover una gobernabilidad democrática fuerte en la región es una prioridad bajo la Estrategia de Causas Raíces de la Administración. La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica generan inestabilidad e impulsan la migración irregular”, comunicó el Departamento de Estado.
Nuestros esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y… https://t.co/R7a1wbVYJN
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 21, 2023
Guatemaltecos incluidos en Lista Engel
Silvia Patricia Valdés fue magistrada y presidenta de la CSJ, y a criterio del Departamento de Estado utilizó su puesto para colocar a un grupo de jueces afines a ciertos intereses, “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la CSJ y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”.
Fue hasta hace unas semanas que Valdés dejó la CSJ, ya que luego de cuatro años de retraso el Pleno del Congreso decidió renovar a las autoridades judiciales.
Silvia Patricia Valdés ocupó la presidencia interina de la CSJ estos cuatro años por ser la vocal primera de la CSJ. En su oportunidad fue la magistrada electa por el Congreso con la mayor cantidad de votos.
Dicha CSJ, fue electa mediante una alianza entre los ahora desaparecidos partidos políticos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP).
Óscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ), dijo que como institución no pueden iniciar una investigación en contra de la Patricia Valdés. “Nosotros a lo interno, y específicamente el Organismo Judicial en contra de la magistrada expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, no podemos iniciar de oficio ninguna investigación porque nuestro régimen disciplinario no lo permite, porque ella no es empleada del Organismo Judicial”, dijo Cruz.
El presidente del OJ dijo que “a quien compete es al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes”.
Fiscales del MP
Entre las personas incluidas en esta nueva lista de actores antidemocráticos y a favor de la corrupción aparecen tres fiscales del Ministerio Público (MP), dos de ellos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
Se trata de Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Hernández González, ambos integrantes de la Feci. Son señalados por el Departamento de Estado por participar en una investigación “por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, dice el informe.
También se incluye en la lista al fiscal Noé Rivera Vásquez, fiscal de asuntos internos, por aparentemente “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.
En respuesta, el MP dijo que “es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional, toda vez que su actuar se desarrolla conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.
Agregaron que la inclusión de más fiscales del MP a la lista Engel es “nuevamente, se trata de una evidente violación a los derechos humanos, mediante señalamientos sin ningún sustento legal para acusar a funcionarios del Ministerio Público por el simple hecho de cumplir con su obligación legal, cuando estos no han sido investigados y sobre todo, vencidos en juicio, por lo que la lista Engel es un mecanismo que violenta los principios fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, que además no tiene ningún tipo de validez legal en Guatemala”.
Hondureños y salvadoreños
Estados Unidos acusa además al ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, de coordinar a miembros del Partido Libre para “reprimir” e “intimidar violentamente” a los legisladores de la oposición en el Congreso el pasado 31 de octubre, cuando se debatía el nombramiento del nuevo fiscal general.
Salgado ha sido crítico con el Gobierno estadounidense, al que ha acusado de estar conspirando en contra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
El Gobierno estadounidense también incluyó en la Lista Engel a los empresarios hondureños Mohammad Yusuf Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez, que están vinculados con casos de corrupción.
Asimismo, entraron en el listado la jueza nicaragüense Gloria Saavedra y las funcionarias Maribel Duriez y Ramona Rodríguez por su responsabilidad en el cierre por parte del Gobierno de la Universidad Centroamericana, uno de los centros educativos más prestigiosos de Nicaragua.
La misma jueza autorizó el arresto del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
También fueron incluidos en la lista el presidente y dos comisionados del instituto de transparencia salvadoreño, Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, y Andrés Rodríguez, por “bloquear deliberadamente e injustamente” el acceso a la información.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido acusado por organizaciones de la sociedad civil de fomentar la opacidad sobre el mandato del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
