Este amparo es para que preserven la seguridad de Porras y hagan valer la autonomía en independencia del MP.
La medida de la fiscal busca que Giammattei y los otros dos funcionarios “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto “vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”.
En el amparo que presentó ante la CC la fiscal general señala a cuentas identificadas como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.
EN ESTE MOMENTO
Se les señala porque se ha “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del MP, a través de actos que conllevan desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal, con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados, al motivar la renuncia de funcionaros del MP sin que exista asidero legal que las fundamente”.
Porras colocó en su amparo publicaciones de las cuentas que señala, y en las que algunas se lee “renuncien ya”, “plantón frente al MP”, y otras demandas de protesta ciudadana.
En el documento se señala que “las entidades de derecho público y las personas identificadas en las redes sociales han estado organizando y convocando públicamente con el objeto de promover lo que llaman una encerrona de los Altos Mandos (designación que utilizan en la red social) para el viernes 25 de agosto de 2023, rodeando el edificio central del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la capital”.
Añade que la idea es bloquear “las entradas y salidas para impedir el acceso y egreso al mismo hasta lograr su cometido como lo es de obligar a renunciar o presentar su renuncia a las personas que señalan como altos mandos: Fiscal General de la República María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad José Rafael Curruchiche Cucul y la Agente Fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez”.
El documento también se colocaron copias de tuits que publicaron algunos de los señalados y otras personas, entre ellos periodistas, que informaban que habían firmado una petición para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Monterroso.
Las posturas
Entre estas personas se incluye a la periodista Paola Hurtado, quien fue contactada por Prensa Libre y Guatevisión para conocer su postura sobre la acción de la fiscal Porras.
Hurtado dijo que veía con sorpresa y preocupación que estén usando como pruebas tuits de ciudadanos que están haciendo uso de su derecho de expresión para solicitar un amparo en contra del propio presidente de la República, el ministro de Gobernación y el director de la PNC.
“Yo creo que esto es una señal de desesperación de la fiscal de crear terror, de crear intimidación en momentos en donde por lo que veo el amparo más bien pareciera que se está quedando sola”, comentó.
Puntualizó que adjuntar como prueba opiniones de ciudadanos es una clara señal de necesidad de la falta de aliados.
“Me preocupa porque está creando terror, sembrando incertidumbre, sembrando intimidación y espero que esta fuerza ciudadana crezca y en un momento en donde sea totalmente inviable que estén presentando las cientos y miles de solicitudes de que renuncien como pruebas de que están supuestamente violando la autonomía en MP”, dijo Hurtado.
Añadió que la acción de la fiscal es “un intento de que creamos de que no podemos opinar, ni exigir, ni hacer valer nuestro derecho. Yo no diría que es una ataque sino que un intento de que creamos que están atacándonos o un intento de que creamos que nuestros derechos no están. Yo quiero pensar que, con excepción del MP, todas las instituciones están haciendo su trabajo”.
Hurtado agregó que va a seguir defendiendo su derecho a la expresión, como ciudadana, como alguien que está pidiendo que se respeten la institucionalidad y el estado de derecho en Guatemala. Dijo que se siente acuerpada, pues no es la única que está pidiendo la renuncia de la fiscal general.
“Consuelo Porras no acepta críticas”
Claudia Méndez Arriaza, otra periodista cuyos tuits aparecen en el amparo, dijo que desde su primer mandato, Porras ha confundido la crítica a su función pública con ataques o amenazas.
“Si tenemos una funcionaria de su nivel que interpreta la crítica a su función pública como una amenaza, ella es incompatible con el puesto, eso es lo que creo. Si tenemos una fiscal general que ante una columna, ante una caricatura, ante un tuit siente que es amenaza a la autonomía ella, no es apta para el puesto, ni para la institución que dirige”, aseguró Méndez Arriaza.
Afirmó que todo empleado público debe saber que las leyes del país garantizan de una manera particular hasta la protección extrema a la crítica, la burla, los señalamientos e incluso la imputación hacia sus actos y sus funciones y que si ella ve eso como amenaza es malo que ella ejerza ese puesto.
“Nosotros ejercemos un derecho que está garantizado en la Constitución y que no solo está garantizado sino además está protegido. Cuando nuestras expresiones sean negativas, críticas, incluso el insulto está protegido por la Constitución Política de la República. Por qué lo protege? Porque, pues no se iba a legislar sobre cuando hablemos bien del poder, pues eso no es necesario protegerlo”, comentó la periodista.
La comunicadora cree que el amparo interpuesto por Porras refleja una enorme debilidad, pues tiene que solicitar que actúe la PGN cuando deben de existir mecanismos interinstitucionales.
“Ella muestra la debilidad, una procuración de victimizarse, pero la fiscal general nos muestra que ella no tolera la crítica y el que no tolera la crítica no tolera la democracia”, refirió Méndez Arriaza.
“Lamentablemente no espero más de estos funcionarios, yo no espero más de Consuelo Porras ni de Rafael Curruchiche. ¿Cómo me siento? No me extraña. No es la primera vez tampoco que me lo hacen”, dijo en referencia a los señalamientos que le han hecho en otras ocasiones.
La periodista dijo que defenderá su derecho a expresarse, y que se va a defender si es llamada al MP.
“No quiero que esas acciones coarten mi libertad, ni mi independencia, entonces si me quieren llamar aquí estoy. ¿Qué amenaza representamos los ciudadanos, los periodistas a la democracia? Ella -Porras- es la amenaza a la democracia”, concluyó Méndez Arriaza.
“Acto inaceptable”
Alejandra Gutiérrez Valdizán, periodista que también fue mencionada por Consuelo Porras, calificó la acción como un “acto inaceptable”. “Es una acción absolutamente inadecuada viniendo especialmente de una fiscal General que tendría que conocer la ley y tendría que conocer la Constitución, tendría que conocer los derechos de la ciudadanía y saber que la ciudadanía tiene derecho a criticar o hablar sobre el quehacer de los funcionarios y funcionarias públicos. Denota desconocimiento, y si no es desconocimiento realmente no le importa pasar sobre la legalidad”, dijo.
Gutiérrez Valdizán también aseguró que existe un “deseo e interés de amedrentar a la población”. “En este caso, por ejemplo, las primeras personas que aparecen en la denuncia, que están nombradas, son ciudadanía, son personas ciudadanas que están ejerciendo su derecho de libertad de expresión”, comentó.
“También nos incluye a algunas periodistas en estas ‘pruebas’ y básicamente es el deseo de amedrentar, de silenciar y de amenzar a la población para que tenga miedo y no se atreva a expresar lo que piensa, lo que siente y su opinión, que es el total derecho”, mencionó.
La periodista expresó que este tipo de acciones “afectan muchísimo” porque se atenta contra el derecho de libertad de expresión, de información y también la libertad de prensa. “Se va viendo la degradación que ha habido desde hace meses, desde hace años, con el gobierno de Giammattei; y no lo digo yo, lo dicen informes internacionales, lo dicen diagnósticos, expertos y expertas, organizaciones. La degradación democrática y la persecución política que está ejerciendo el Ministerio Público sobre la prensa, ahora se agrava porque suma a la ciudadanía a esto. Entonces es como una raya más del tigre”, ejemplificó.
Sobre posibles acciones a tomar, Gutiérrez Valdizán dijo: “estamos analizando con organizaciones de libertad de expresión, con organizaciones de periodistas para ver cómo accionamos. En principio me parece que lo más esencial es la denuncia; denunciar y que la ciudadanía acuerpe y defienda su derecho a expresarse”.
Señalan persecución política
El editor Raúl Figueroa Sarti, quien también fue señalado en el documento enviado por Consuelo Porras dijo que preocupa que exista este tipo de persecución política y que se atenta contra la libertad de expresión.
“Si no fuera porque esta es una acción más de la señora —Consuelo Porras— de persecución política le diría que es risible, que es ridícula, pero sí es preocupante que la señora siga utilizando al MP para persecución política en contra de opositores a la corrupción”, comentó. “Espero que la que la CC rechace lo que la señora está planteando, porque realmente es un atentado a la libertad de expresión”, dijo.
“Es muy preocupante que (…) la fiscal General esté utilizando el poder que le da ser fiscal General para perseguir a opositores”, aseguró.
“Creo que están llegando a extremos (…) el Misterio Público es un arma del pacto de corruptos como hemos venido planteando desde hace ratos, que está arrinconado, que ya no sabe qué hacer, son patadas de ahogado para perseguir a la oposición política en Guatemala; es totalmente lamentable, ridículo que la señora siendo parte del poder en Guatemala esté pidiendo medidas cautelares”.
“Ya no me sorprende”
“Me impresiona más ya no me sorprende, porque sabemos que este Ministerio Público ha emprendido una cacería, una persecución en contra de todas las voces que han hablado, que han alzado su voz en contra de este régimen y en contra de la impunidad que se protege desde el Ministerio Público”, señaló Sergio Yoel Morataya, otro de los señalados por la fiscal.
Agregó que en sus cuentas de Twitter y en TikTok sus perfiles son públicos y que en ningún momento ha incitado a la violencia y que “en ningún momento he publicado en tomar medidas más allá de protestar como lo manda la Constitución, lo que ellos buscan son pretextos para criminalizar, para censurar y mermar derechos en nuestro país”.
“Los violentos son ellos”
Además, Brenda Hernández, otras de las personas mencionada en el amparo, dijo que no le sorprende porque ha visto que la agenda de la administración actual del MP, en particular la Feci, se ha dedicado a “criminalizar al pueblo de Guatemala”.
“Estamos protestando de manera pacífica, los violentos son ellos”, dijo Hernández.
