Ese día el decano de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) accionó previo a la segunda citación en el Juzgado Décimo penal, a cargo de Víctor Cruz, a la audiencia de primera declaración que se prevé el 16 de mayo próximo.
La implicación que hizo la Fiscalía de Delitos Administrativos, que dirige Melvin Medina, fue por su contratación irregular para brindar capacitaciones a personal del Ministerio Público (MP) en 2014 y 2015, durante la administración de Thelma Aldana, quien tiene orden de captura por este caso.
Bonilla fue notificado que la Sala Segunda de Apelaciones Penal le había revocado el amparo que detenía las actuaciones del caso. Sus argumentos se centraron en que carecía de los documentos de la investigación preliminar. Entonces, el juez Cruz remitió el expediente y la Sala le indicó a Bonilla que se enteraría de la acusación durante la indagatoria.
Nuevas acciones
El lunes recién pasado, Bonilla accionó en la Corte de Constitucionalidad (CC) con una apelación al estar en contra de lo manifestado por la Sala. Se conoció que los magistrados constitucionales le dieron trámite al recurso del decano y solicitaron el expediente del caso.
El decano también envió una solicitud de exhibición personal en la Sala Primera de Apelaciones Penal. El argumento es por algún inconveniente en su estado de salud, que se desconoce. El día de la juramentación de los estudiantes, Bonilla estuvo bajo el sol en la tarima central.
Los abogados que han auxiliado a Bonilla, Esteban Baldomero y Moisés González, prefirieron no comentar sobre el proceso.
Pese a que el caso se mantiene en reserva, una fuente judicial confirmó que las acciones recientes de Bonilla detendrían la audiencia ante el juez Cruz el próximo 16 de mayo.
Ya se había suspendido
La audiencia de primera declaración fue suspendida el pasado 9 de abril por una excusa que presentaron los abogados de Bonilla en la audiencia bajo reserva.
La investigación
En el caso 01070-2019-00109 no ha revelado los delitos que la Fiscalía le atribuye a Bonilla, pero lo señala de no haber cumplido con un contrato 029 del 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.
Según el contrato, el abogado tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.
Contra Aldana, el MP la sindica de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera. Aldana ha optado por permanecer en El Salvador debido a la orden de aprehensión.
La Fiscalía solicitó la reserva total del caso el 18 de marzo pasado, a lo que el juzgador autorizó.
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