El caso Cooptación del Estado es una investigación que, según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculaba a miembros del Partido Patriota que conformaban una “maquinaria de lavado de activos” para captar fondos durante la campaña electoral de esa agrupación política en el 2011, y que llevó a la presidencia a Pérez Molina y a la vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.
Al igual que Pérez Molina, Baldetti solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B someterse a la aceptación de cargos en dicho caso y la audiencia se programó para hoy.
Sentenciados
Sobre Pérez Molina y Baldetti ya pesa una sentencia de 16 años y una multa de Q8.7 millones por el caso La Línea, una estructura develada en abril de 2015 y que según las pesquisas del Ministerio Público, realizaba cobros ilícitos a importadores para beneficiarlos con reducción de impuestos. Sin embargo, Baldetti y Pérez Molina aún niegan que existan pruebas contundentes que argumenten su sentencia.
Baldetti, además, cumple una sentencia de 15 años y seis meses de prisión que fue dictada en octubre de 2018, luego de encontrarla culpable en el proyecto fraudulento para el saneamiento del Lago de Amatitlán, al cual el Ministerio Público denominó “Agua Mágica”.
La exvicepresidenta también tiene pendiente una extradición a Estados Unidos donde es requerida para juzgarla por delitos de narcotráfico; se le vincula también con la cooptación del Registro de Información Catastral (RIC).
En este expediente judicial, el MP afirma que funcionarios directivos de la institución estában al servicio de Baldetti para crear plazas fantasmas que eran usadas como “moneda de pago” para cumplir con favores políticos o bien sufragar “gastos varios”.
Por este proceso penal, Baldetti es señalada por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción. Sin embargo, ya no puede ser juzgada por asociación ilícita, porque ya fue condenada por ese delito, el mismo tiene una pena de seis a ocho años de prisión. Mientras que peculado por sustracción tiene una sanción de cinco a 10 años, multa de Q10 mil a Q50 mil e inhabilitación especial.
Sin dinero
El martes 22 de agosto último se celebró una audiencia por el caso Cooptación del Estado, en la que Pérez Molina fue beneficiado con arresto domiciliar y una caución económica que le permitirían salir de prisión. Sin embargo, la fianza que se le fijó al exmandatario es de Q300 mil, dinero con el que según el exmandatario no cuenta y afirmó que buscaba recursos con su familia para poder obtener esa cifra.
“No tengo dinero para pagar. Estamos hipotecando unos bienes de la familia y poder pagar”, aseveró Pérez.
Pérez Molina se encuentra en la cárcel de Mariscal Zavala desde el 3 de septiembre de 2015, después de que renunciara y se sometiera a la justicia por el caso la Línea. En ese caso el exfuncionario fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. Por el caso Cooptación del Estado fue ligado a proceso el 27 de julio de 2016, por los delitos de cohecho pasivo y lavado de Dinero. Por lo que lleva 7 años y un mes de prisión por ese expediente judicial.
Aunque el expresidente afirma que no hubo suficientes pruebas no apeló la resolución del juez, al argumentar que las apelaciones especiales “duran mucho tiempo”, y con los años que lleva en prisión, ya cumplió con lo que el Tribunal sentenció por los dos delitos.
La calma que ahora muestra el exmandatario no es la misma de años atrás. Para diciembre de 2020 sumaba cinco peticiones para que se le beneficiara con arresto domiciliario, al argumentar que era vulnerable al covid-19 por ser mayor de 60 años y estar afectado por una cardiopatía. Sin embargo, el entonces Juez que llevaba su caso, Miguel Ánguel Gálvez, le negó esa petición.
Libertad añorada
Oswaldo Samayoa, profesor universitario en Derecho, dice que la figura de aceptación de cargos es mal utilizada y es vista como una salida en diversos delitos. No siempre es así.
En el caso de Pérez Molina, según Samayoa, aceptó los cargos demasiado tarde, cuando pudo haberlo hecho en la primera declaración, en la etapa intermedia o antes del juicio, puesto que “los beneficios no son tantos como lo pudo haber obtenido anteriormente”, por los años que ya cumplió en la cárcel.
Ahora, según Samayoa, existen los beneficios penitenciarios, por medio de los cuales no se reduce la sentencia, pero se le otorga la oportunidad de obtener la libertad anticipada por buena conducta u obtener permisos para salir del penal en determinadas situaciones.
“Si en este momento ya sumamos todo —los años que lleva en prisión— le puede dar el beneficio de salir de prisión en ese caso”, refiere.
La situación de Baldetti, según Samayoa, es más difícil, debido a que cumple una sentencia y al salir le espera proceso de extradicción.
Los errores
“La investigación tiene ciertas falencias y errores que van a determinar absoluciones de algunos implicados”, advirtió el 7 de diciembre del año pasado la jueza Jeannette Valdez, al iniciar la audiencia en la cual se emitieron sentencias por el caso La Línea,en la cual 11 de los acusados fueron absueltos.
En ese caso, Pérez Molina y Baldetti fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito y la jueza argumentó que la fiscalía no pudo sustentar o presentar pruebas como reportes, informes o documentos de bancos que demostraran que ambos incrementaron su patrimonio a raíz de la defraudación aduanera.
