Durante unos minutos la exlegisladora declaró “ser inocente” y que “jamás ha visitado Chicamán”. Recalcó que está en prisión “por ser política” y pidió una medida sustitutiva para cuidar a sus cinco hijos.
Es la primera vez que Aquino Mazariegos declara desde que fue detenida el 8 de marzo de 2017 y procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Chicamán, un fraude de Q14 millones por supuestas obras.
Llora
La exlegisladora lloró ante Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, para convencerla de salir de la cárcel Mariscal Zavala. “Como mujer le pido mi libertad. Soy inocente. En este caso ya hay daño colateral y son mis hijos”, declaró.
Agregó que desconocía el trabajo que hacía su marido. “No sabía lo que hacía. Lo que estoy clara es que nunca le robé a nadie”.
Conviviente
José Fernando Siliézar Mena, conviviente de Aquino Mazariegos, también declaró para pedir su libertad aunque fue claro al recordar que “mi esposa no sabía acerca de los proyectos que hacía”.
“Señora jueza los cheques los firmaba yo, los contratos los firmé yo. Todo está documentado en los proyectos”, añadió.
Después mencionó que le había sorprendido ver a Aquino Mazariegos llorar en la judicatura y le pidió que sea beneficiada con arresto domiciliario.
Fraude millonario
La investigación que hizo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demostró que alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán.
Los fondos provenientes de la Municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Aquino Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.
Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una ONG que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos.
La resolución de la jueza Aifán se conocerá la próxima semana.
