Valiente, de 82 años, fue hallado culpable por un jurado federal de un cargo relacionado con el uso de una tarjeta de residencia permanente obtenida mediante una declaración falsa.
Según los documentos presentados en el juicio realizado en una corte federal de Los Ángeles, Valiente mintió en repetidas ocasiones a los agentes de inmigración al no revelar que había sido arrestado y juzgado por el secuestro y asesinato de dos activistas en Quetzaltenango, la segunda ciudad más poblada de Guatemala.
La muerte de las dos personas asociadas a protestas contra la Policía en Quetzaltenango en 1987 se dio después de que Valiente ordenara una “investigación”, explicó el DOJ.
EN ESTE MOMENTO
Las dos víctimas fueron secuestradas a plena luz del día por agentes policiales. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en lugares separados en una carretera de la ciudad. Los dos habían sido golpeados y torturados antes de ser asesinados.
En diciembre de 1987, Valiente y otros miembros de la Policía fueron acusados en Guatemala en relación con los secuestros y asesinatos de los dos activistas.
El exjefe policial fue sentenciado a 30 años de prisión por el doble homicidio en 1989, pero en 1990, un tribunal de apelaciones de Guatemala anuló la condena, desestimó los cargos y ordenó su liberación.
En agosto de 1990, Valiente ingresó a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro (frontera entre California y México).
Días después, presentó -bajo advertencia de perjurio- una solicitud de asilo. En esta solicitud negó falsamente que alguna vez hubiera sido detenido, condenado, sentenciado o encarcelado en otro país, recalcó el DOJ.
Para marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la sentencia del tribunal de apelaciones y emitió una orden de arresto contra Valiente.
En septiembre de 1997, Valiente presentó una solicitud de residencia permanente en la que negaba haber sido arrestado, acusado, multado o encarcelado fuera de Estados Unidos por violar alguna ley.
Posteriormente, Valiente mintió bajo juramento a un funcionario de inmigración durante la entrevista de residencia permanente, que le fue otorgada.
En abril de 2013 mintió nuevamente a un oficial de inmigración cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Tras las investigaciones, Valiente fue acusado en 2018 y se mantenía en libertad condicional, pero fue detenido el viernes pasado a la espera de su sentencia, programada para el 24 de mayo.
La sentencia máxima legal para el cargo es de 10 años en una prisión federal.
El DOJ no aclaró si la sentencia de la Corte Suprema de Guatemala contra Valiente sigue vigente.