El exministro fue capturado el miércoles último en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba a viajar a Washington, Estados Unidos.
El fiscal Arnoldo Mendoza, de la Unidad contra el Tráfico ilegal de armas de fuego de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, explicó que la investigación preliminar inició el 30 de octubre del 2017, cuando la Fiscalía recibió una denuncia que llegó de forma anónima a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada por irregularidades en el servicio de protección que prestaban las empresas del exministro.
GPS
De acuerdo con la investigación, los sindicados tuvieron representación legal de la entidad Trade Investimente, S.A., propietaria de la subsidiaria Localiza, que facilita servicios de monitoreo de posicionamiento GPS para la protección de personal y bienes con sistemas tecnológicos.
La entidad carecía de la licencia de operación y “realizó acciones para las cuales no estaba autorizado”, se explicó.
El avance de la pesquisa cuenta que la empresa brindó el sistema GPS para los vehículos de una persona y una empresa que vende alimentos. Esta última le facturó desde 2014 por el sistema instalado en 191 automóviles, señala.
El caso cuenta con facturas en la que quedó registrado el cobro, según el expediente. El fiscal ejemplificó con dos documentos contables: Una del 2014, por Q340 mensuales por vehículo y Q2 mil 380 por la instalación del GPS.
Ninguno de los imputados quiso declarar en cuanto a la imputación de la Fiscalía.
La investigación detalla que en una escucha telefónica se estableció que detectives solicitan a las entidades que sí están autorizados para brindar el servicio y la respuesta es afirmativa.
Juez se basa en la defensa
Lainez, en su resolución, explicó que la Fiscalía no le presentó el acuerdo donde las empresas que brindan servicios de seguridad deben estar regularizadas, que fue el argumento de la abogada Mónica Rodríguez, quien defiende al exministro.
“A mí no me consta acerca de la publicación y además, las empresas tenían un año de gracia para estar regularizadas, por eso se decreta la falta de mérito”, resolvió el juez Lainez.
Cobra dietas
Cuando Asturias Cordón estuvo frente al juez dijo que dirige el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y que el puesto es sin salario. Después refirió que “por dietas cobro Q25 mil mensuales”.
Marroquín Villacorta, quien fue detenido en Mixco, el mismo día que el exministro, explicó que es administrador de empresas y devenga Q29 mil mensuales.
El fiscal sostuvo que los dos capturados violaron el artículo 66 del Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada.
El delito
El artículo 66 del Código Penal establece el delito de servicio ilegal.
“Toda persona que preste servicios de seguridad privada sin la autorización o sin la licencia de operación regulada en la presente Ley, cometerá el delito de prestación ilegal de servicios de seguridad privada y será sancionada con la pena de seis a doce años de prisión y multa de cien mil Quetzales”, señala la ley.
Agrega: “En la misma responsabilidad y sanciones, incurrirán quienes, a sabiendas, contraten empresas o personas que no estén autorizadas para prestar servicios de seguridad privada. Los miembros del Consejo de Administración y representantes legales de personas jurídicas que incurran en el delito regulado en los párrafos anteriores serán responsables penal y civilmente, y se les impondrán las penas ya establecidas”.
En el Juzgado Cuarto Penal, que dirige Pedro Lainez, inicia la audiencia de primera declaración a Luis Gerardo Marroquín Villacorta y de Víctor Manuel Asturias Cordón, quien fue ministro de Economía.
El caso se centra a irregularidades en la presentación de servicios de seguridad pic.twitter.com/qF9dJlrp7U— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 13, 2019
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