Los condenados son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado quienes escucharon la sentencia desde prisión a través de una videollamada hecha desde Mariscal Zavala.
En el caso de Gabriel Cuxum, el tribunal también resolvió darle 8 años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil y 2 años por uso público de nombre supuesto ya que el acusado cambió nombre de nombre para evitar ser perseguido por la justicia.
Aunque son 36 las mujeres que señalan que fueron abusadas sexualmente por miembros de las PAC, en este caso se logró determinar la participación directa de los condenados en hechos que se cometieron contra Margarita Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Pedrina López de Paz y Estefana Alvarado Sic.
Pedrina López es la sobreviviente más joven. En el momento de los hechos tenía 12 años y frente al tribunal manifestó que tenía 12 años cuando los patrulleros se tiraron sobre ella, le taparon la boca y la empezaron a violar. Esta declaración, dijo el juez, fue confirmada por el testimonio brindado por dos testigos.
La sentencia fue leída por el vocal II del tribunal, juez Gerbi Sical quien explicó que le dieron valor probatorio a los peritajes culturales y de género, además de los testimonios brindados por los testigos.
“Creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas y sabemos que cada una de ellas constituye una individualidad la cual valoramos y respetemos”, dijo el tribunal al dictar sentencia.
Según explicaron, encontraron un mismo patrón de conducta al ordenar la detención, desaparición o muerte de los hombres y cualquiera de los resultados, el objetivo era dejar a las mujeres solas para abusar sexualmente de ellas haciendo uso de la fuerza física y psicológica, que las obligaron a trabajar en elaboración de alimentos sin recibir un pago por ello.
De esta forma, el tribunal encuadró la conducta de los acusados en el artículo 378 del Código Penal guatemalteco de delitos contra los deberes de la humanidad.
El tribunal explicó que los peritajes psicosociales emitidos fueron también trascendentales para su decisión, donde se estableció que las mujeres presentan en la actualidad dolores en el cuerpo, insomnio, lentitud psicomotriz y sentimientos de culpa.
Para el 27 de enero se llevará a cabo la audiencia de reparación digna.
Este caso inició en noviembre del año 2011 cuando las primeras once víctimas presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Tras esto, los testimonios de otras mujeres empezaron a adherirse al caso hasta llegar a ser 36 mujeres quienes señalan haber sido abusadas por parte de miembros de las fuerzas armadas y los expac.
En 2018, la Policía Nacional Civil detuvo a los expatrulleros. El caso lo tenía inicialmente la jueza Claudette Domínguez, quien desestimó la evidencia argumentando que se contradecía y dejó en libertad a los acusados.
Sin embargo, cuando Yasmín Barrios se encargó del proceso, ordenó la recaptura de las personas.
Los hechos sucedieron entre 1980 y 1983 cuando estas mujeres tenían entre 12 y 56 años de edad. Para entonces, 33 de ellas vivían en situación de pobreza y lamentaban la desaparición o ejecución de sus esposos, padres e hijos.
Realizan ceremonia
Desde las ocho de la mañana de este lunes, organizaciones sociales y grupos de mujeres indígenas realizaron una ceremonia maya en la Plaza de los Derechos Humanos, en el Palacio del Organismo Judicial para pedir que se haga justicia en este caso.
Con carteles, vela y flores, organizaciones se quedaron en el lugar hasta las tres de la tarde para escuchar la sentencia.
A un costado de este lugar, familiares de los acusados también se hicieron presentes para pedir que los dejaran libres.
