“Nos tardamos más en organizar un allanamiento que los internos en conseguir más teléfonos”, dice el Fiscal Antonio Díaz, en la Fiscalía Antiextorsiones del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango. Además, casi todas las semanas, la Policía Nacional Civil (PNC) hace requisas en Cantel. Las requisas, a diferencia de los allanamientos, sólo incluyen áreas específicas del penal. Hicieron una la primera semana de octubre, e incautaron más teléfonos, aunque la semana anterior habían requisado las mismas áreas.
Investigadores del Grupo Dipanda, la unidad antiextorsiones de la PNC, hacen las requisas. “No es parte de nuestro trabajo (las requisas), pero nos vemos obligados a hacerlo para reducir la criminalidad (las extorsiones)”, dice David Boteo, jefe de Dipanda. “Es un problema interinstitucional que requiere acciones a ese nivel”. Se refiere también al Sistema Penitenciario (SP) que no consigue evitar el ingreso a las cárceles de teléfonos celulares, entre otros objetos de posesión ilícita. El problema no es sólo el acceso ilegal de los internos a teléfonos celulares, que muchos usan para hablar con su familia, sino que cerca del 5% de los reos los utilizan para extorsionar a víctimas afuera de la cárcel.
Las extorsiones desde la cárcel son la norma, no la excepción. Boteo afirma que siete de cada diez extorsiones tienen su origen en la cárcel. Agrega que aproximadamente el 80% de los casos son llamadas de imitadores, o extorsionistas que se hacen pasar por pandilleros o miembros del crimen organizado, y que no tienen recursos para cumplir las amenazas que hacen por teléfono, recursos que sí tiene el 18% que sí son pandilleros, que también extorsionan desde la cárcel.
En marzo pasado, un sujeto lanzó una granada adentro de una tortillería en Quetzaltenango cabecera. La explosión hirió a cuatro personas. La PNC afirma que en ese departamento las pandillas que extorsionan son violentas. “Nosotros nos deberíamos de enfocar más en los casos en los que corre peligro la vida de las personas”, dice Boteo.
Sin embargo, la PNC emplea más recursos en los extorsionistas imitadores, un problema que genera el SP al no evitar el acceso de los reos a los celulares. Un solo investigador puede llevar hasta 50 casos vinculados a un solo número, o a la misma estructura.
En la primera semana de noviembre, después de una requisa en Cantel, las autoridades revelaron que el reo David Quinteros López, alias “Tijerillas”, de 46 años, coordinaba 200 llamadas diarias junto a otros tres reos. Llamaban a transportistas y los amenazaban de muerte. Según la PNC, Quinteros era un extorsionista imitador.
Tan agudo es el problema que el MP y la PNC crearon secciones especiales para investigar a los imitadores dentro de sus unidades de antiextorsión.
Los extorsionistas llaman principalmente desde siete cárceles, pero sus víctimas están en todo el país. Las cifras de extorsión por departamento se refieren a dónde la víctima fue blanco de la extorsión, y no a la ubicación del extorsionista. Por eso, datos del MP indican que al menos el 47% de los casos a nivel nacional se originan en Cantel: el 90% de los casos del occidente y suroccidente, según Díaz, y al menos la mitad de casos del departamento de Guatemala, según una fuente de la Fiscalía Antiextorsiones en la capital. Son datos que confirma la PNC.
En el departamento de Guatemala, hubo 3,956 casos en 2018—una tasa de 113 extorsiones por cada 100 mil habitantes. El MP afirma que, sin acceso a los celulares en las cárceles, habrían tenido menos de la mitad. En Quetzaltenango, la tasa es 87. Son los dos departamentos con las tasas y el número de extorsiones más altas.
Manos atadas, presupuesto limitado
El hacinamiento en las cárceles del SP habilita, entre otros factores, la comisión de delitos en la cárcel. Los guardias no lo pueden evitar cuando cada uno, en promedio, debe vigilar a diez internos. La sobrepoblación supera el 400%; hay 25,296 internos en un espacio diseñado para 6 mil.
Gerardo Villamar Ramírez, Jefe de Defensoría de Privados de Libertad, en la Procuraduría de Derechos Humanos, dice que el cupo del SP se llenó en 1996. Desde entonces, hay sobrepoblación. Según el defensor, el hacinamiento también dificulta la rehabilitación y la reinserción a la sociedad, que el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala obliga a proveer.
Por ahora, lo que el SP puede hacer es poco. El actual director, Jonathan Hernández Esquivel, en el cargo desde el pasado 16 de septiembre pasado, señala que el 94% del presupuesto del SP (Q476.6 millones) es para salarios y funcionamiento. Otro 6% (Q27.9 millones) para inversión, no se puede ejecutar porque depende de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que el Congreso de la República aún no aprueba.
El vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob), Fernando Lucero, confirmó que el actual jefe de la cartera, Enrique Degenhart no ha solicitado ampliar el presupuesto en 2019, aunque el Mingob sí gestionó readecuaciones por Q17 millones “para garantizar el funcionamiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario”. . Lucero informó que Degenhart no estaba disponible para entrevistas. La jefe de la Comisión de Gobernación del Congreso, Vivian Preciado Navarijo, tampoco respondió a una solicitud de entrevista que se le hizo vía mensaje de texto el 13 de noviembre para preguntarle acerca del tema.
Villamar señala que las autoridades del Mingob y el SP podrían ejecutar el presupuesto actual de una manera más efectiva. Además, subrayó que han tenido pocos avances en la implementación de Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006 para mejorar el SP.
¿Sabotaje sutil?
En ocasiones, Dipanda y el MP han tenido el apoyo del director y/o subdirector de Cantel (y otras cárceles) para interceptar e incautar celulares, descargar la información de llamadas y ubicar el origen de nuevos casos de extorsión (incluyendo los no denunciados), conexar casos y establecer cuáles involucran a extorsionistas conocidos, a imitadores o pandilleros.
Un investigador de Dipanda en Quetzaltenango, quien pidió no ser identificado por seguridad, reveló que el director de Cantel en 2018, Víctor Rosales, les permitía rápido acceso a celulares que la dirección interceptaba. Con su ayuda, lograron frenar en julio de ese año el cobro del “Bono 14” a manos de los extorsionistas en la cárcel. Rosales no era popular entre los internos. El detective dice que en una ocasión varios sujetos lo siguieron cuando se desplazaba en su vehículo en la cabecera de Quetzaltenango. No se detuvo para averiguar qué querían. Logró perderlos.
Un mes después, removieron a Rosales. La PNC solicitó que volviera. El SP lo devolvió al cargo en octubre. El investigador de Dipanda observó que las extorsiones en Quetzaltenango subieron en ausencia de Rosales, y bajaron cuando regresó al puesto. Sin embargo, en febrero de 2019 lo trasladaron definitivamente a Izabal. Desde entonces, las cifras se elevaron (salvo por una baja en julio), según datos del Mingob de enero a septiembre. Dipanda mantiene el apoyo de la subdirección de Cantel, pero en ese vaivén, la constante es que las extorsiones no se detienen, en Quetzaltenango y el resto del país. Aumentan de manera casi sostenida. El director del SP dice que la rotación de directores es rutinaria, pero que el traslado de Rosales “fue una directriz del anterior Director General” (Camilo Morales Castro).
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirma que las condiciones en las cárceles perjudican al personal del SP, particularmente a los directores. “Si [los directores] intentan ser estrictos, en una semana los matan”, dice Menchú. “En Escuintla mataron a uno, hace unos años. Por eso la fortaleza del sistema está en la vulnerabilidad del más vulnerable”.
El gobernador Quemé, en el cargo desde mediados de 2018, creó una mesa técnica interinstitucional, con la PNC, el MP y el SP para reducir las extorsiones, entre otros delitos. El funcionario dice que uno de los objetivos de la Gobernación era acercar a la Policía y la población, por medio de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), del Mingob, para generar información útil que permitiera reducir las extorsiones.
No ayuda que, de 2018 a la fecha hubo una condena por cada 16 denuncias nuevas a nivel nacional, según cifras del MP. Quetzaltenango era una excepción porque, entre enero y octubre de 2019, la fiscalía antiextorsiones logró 23 condenas, pero cambios ordenados por la Cámara Penal reducirán las condenas a cero el próximo año en ese departamento aunque es el segundo con más casos a nivel nacional.
El próximo debate (juicio) está programado hasta para junio de 2022, según el fiscal Díaz. Mientras tanto, los capturados tendrán dos años más de espera en cárceles con condiciones que habilitan la comisión de más extorsiones—que también incluyen los centros de prisión preventiva.
Un plan B, o algo parecido
En Quetzaltenango, la Fiscalía contra las Extorsiones estima que archivó cerca de la mitad de los casos en 2018 porque cesaron las llamadas, y había total certeza de que la víctima ya no corría peligro. En el departamento de Guatemala, la fiscalía afirma que el porcentaje es variable. Sin embargo, Menchú cree que hay otras salidas.
“Falta educar más a la población respecto a las extorsiones que se hacen desde las cárceles, por personas sin recursos para hacer daño”, dice. El analista del CIEN advierte que saber cómo reaccionar, previa asesoría de las autoridades para protegerse, podría reducir las extorsiones, especialmente de los imitadores. El apoyo es clave para identificar el perfil del victimario.
Mientras tanto, en el MP, una fuente recuerda con poco entusiasmo las mesas técnicas en la Gobernación Departamental en Quetzaltenango. “Todo [parecía] muy bonito, pero era pura casaca (mentira)”, dice. “Hay que decir las cosas sin tanto cuento; el problema principal en el SP es la corrupción; [la inacción] parece intencional, y resulta imposible luchar contra eso”.
En febrero pasado, Marvin Montiel Marín alias “El Taquero” (condenado por un asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés) dijo a la prensa que algunos funcionarios penitenciarios asistían a las fiestas que organizaban los internos en las cárceles. En Quetzaltenango, el gobernador Quemé revela que no han recibido mayores resultados del SP. “Ellos nos comentan que tendrían que tener una reestructura total para poder minimizar muchas situaciones”, señala.
Un informe del Movimiento Pro Justicia de 2016 confirma que nada ha cambiado desde entonces. “Se demostró que es alto el número de extorsiones que se organizan y cometen desde los centros penitenciarios, lo que deja al descubierto la debilidad institucional y la poca capacidad para hacer frente a este fenómeno criminal”, indica en sus conclusiones. Subraya desorden y descontrol en las cárceles, el problema de los guardias corruptos, y de los que ceden ante las exigencias de reos que los amenazan de muerte. “Hay mucha corrupción de por medio”, dice Carmen Aída Ibarra, activista de la citada organización.
Menchú señala que las autoridades del Mingob y del SP están en deuda. “Las autoridades fallan al carecer de planes estratégicos para estos delitos”, afirma el analista, refiriéndose a las extorsiones. “Está mal la cabeza, el ministerio, y mucha gente llega al SP con desconocimiento, y los que saben qué hacer, lo hacen para beneficio propio, y no para reducir el crimen”. En el proceso, sabotean los avances de la PNC y el MP. Tampoco sirven a las víctimas. Al contrario.
Astucia delictiva vs astucia policial
El jefe de Dipanda, la unidad antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, tiene una buena idea de cómo y dónde los reos ocultan los teléfonos. “Los meten en bolsas de plástico que amarran entre sí, como una tira de chorizos, que sujetan al extremo de un lazo, y que meten en el drenaje del baño”, explica. “Aseguran el otro extremo del lazo al exterior; después todos los reos hacen sus necesidades encima hasta que queda cubierto. Nos ha tocado quitar todo eso con pala, usar guantes o una bolsa, para meter la mano en el drenaje y sacar los teléfonos; es un trabajo sucio, pero lo hacemos porque allí está toda la información [que necesitamos]”.
Esta es sólo una de las formas en que los reclusos ocultan celulares en Cantel (Quetzaltenango) y Pavón (Fraijanes, Guatemala), las dos cárceles donde se genera un mayor número de llamas de extorsión.
Parte de los edificios es de madera, y sólo la astucia les permite a los detectives encontrar compartimientos ocultos, paredes de doble fondo, etc. Deben ser acuciosos observadores para identificar, en paredes con azulejos, cuál pieza está pegada con plasticina del mismo color que la masilla original, para ocultar un recoveco donde hay una caleta. Los reos también ocultan los celulares en cavidades corporales donde la persona promedio no pensaría en insertar un teléfono. Según Boteo, suelen ser iPhones. Los investigadores no tienen detectores de metales para ubicar estos teléfonos.
El esfuerzo por ocultar los teléfonos demuestra cuánto dinero depende del uso de los mismos. El jefe de Dipanda dice, “el celular para el extorsionista en la cárcel es como el machete para el campesino”. Es su herramienta más valiosa. Una sola estructura, especialmente de las pandillas, puede cobrar hasta Q80 mil anuales a una empresa, en varios pagos, según datos policiales. Una clica puede extorsionar hasta a 15 empresas. Una estructura desarticulada en 2019 había amasado Q22 millones en varios años.
Por eso la PNC hace requisas semanales en varias cárceles.
En la cuerda floja
Después de trabajar dos años en Quetzaltenango, y observar avances en las investigaciones, un detective de Dipanda tiene suficientes razones para continuar en el cargo, aunque a veces camine en la cuerda floja. “El año pasado comenzamos a trabajar con un transportista que tenía 12 celulares (lo extorsionaban 12 grupos diferentes: 11 en la Granja de Rehabilitación Cantel, y uno en la calle, y les pagaba a todos un total de Q20 semanales), y ahora sólo tiene dos”, revela el detective. El transportista todavía paga Q3 mil, pero Dipanda detuvo diez extorsiones y trabaja en las dos restantes. Estos son resultados que se pierden en las cifras rojas.
Ese mismo detective, cada vez que entra a Cantel, escucha su nombre completo, lo anuncia a gritos algún interno, que también grita los nombres de su esposa e hijos, y hasta la dirección de su casa en Quetzaltenango. Una clara amenaza. ¿Qué hace? Se encoge de hombros.
“Nosotros somos servidores públicos”, dice. Es parte del trabajo. Afirma que la mayoría de reos extorsionistas en Cantel son imitadores (fingen ser pandilleros, o crimen organizado, para amedrentar a sus víctimas), y no tienen recursos para cumplir amenazas, pero por si acaso toma precauciones de seguridad para su familia y su equipo de trabajo.
Otra empresa de transporte extraurbano que cubre Quetzaltenango, que extorsionistas intentaron convertir en blanco, descontinuó la asesoría con Dipanda al cambiar propietario, aunque mantuvo el contacto con el MP. No paga extorsiones, y en abril pasado uno de sus choferes fue asesinado. Ahora, sus buses circulan con un guardia de seguridad privado armado a bordo de cada unidad.
El gobernador de Quetzaltenango, Julio Quemé, reconoce que fue un desafío lograr que la gente creyera de nuevo en la PNC. Uno de los renuentes es un transportista de ruta urbana, en Quetzaltenango, que paga extorsión. “Aquí nadie cree en la PNC”, dice. Habla de policías vinculados a extorsiones, de detenidos que salen libres rápido, de un exinvestigador de Dipanda descubierto en un caso de corrupción, y de las extorsiones que continúan porque los victimarios reciben información “de adentro”, de algunos de los choferes y ayudantes que trabajan en las empresas extorsionadas.
En Dipanda de Quetzaltenango, el detective dice que los transportistas locales son el grupo más vulnerable. “Nos traen los teléfonos que les dieron los extorsionistas, para que los analicemos, pero no quieren presentar una denuncia—aunque la ley les garantiza que su identidad sea suprimida en el expediente”, señala. Sin embargo, sin la denuncia, la PNC no puede investigar el caso.
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