Este año, fue asesinado el conductor de una empresa de transporte extraurbano (de camionetas de parrilla), que transita entre la capital y el occidente, y hace escala en Quetzaltenango. Desde antes, la empresa recibía asesoría de Dipanda, la unidad antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), y celular que los extorsionistas entregaban a los pilotos, celular que entregaban a los detectives policíacos. Sin embargo, cuando la empresa cambió de propietario, interrumpió el contacto con Dipanda, aunque lo mantuvo con la Fiscalía Antiextorsiones. Acto seguido, los extorsionistas asesinaron al conductor en Quetzaltenango. La PNC sospecha que el asesinato fue planificado en la Granja de Rehabilitación Cantel.
Entonces, la empresa optó por remover el primer sillón detrás del conductor en todas sus camionetas. En su lugar, se sitúa de pie a un guardia de seguridad privada con un chaleco antibalas y armado.
En una tarde de octubre de 2019, al guardia se le ve crispado cuando el bus se desplaza en San Lucas Sacatepéquez. Está parado todo el tiempo de espaldas al piloto, sin quitar la mano de su pistola, ni la vista del carril izquierdo y la puerta. En San Lucas le han disparado a los buses, y en 2017 fueron asesinados el piloto y el ayudante de una camioneta con ruta hacia Quiché. Además, para octubre pasado, las extorsiones se habían cuadruplicado en Sacatepéquez en relación con enero, según datos del Ministerio Público (MP).
El guardia se relaja hasta que la camioneta se desplaza por Tecpán, Chimaltenango. Habla por teléfono, bebe un jugo y compra algo de comer a una vendedora que sube a ofrecer empanadas y chuchitos. Conforme el autobús se aproxima a Quetzaltenango, después de pasar Cuatro Caminos, el guardia clava la mirada en los pasajeros, brincando de una fila a otra, fijándose en quienes sacan algo de su mochila o bolsa. “A veces va un cómplice de los extorsionistas entre los pasajeros y, al llegar a Xela, se bajan y le pasan tirando un celular al chofer”, explica la fuente del MP, refiriéndose al teléfono que los extorsionistas entregan para llamar y exigir dinero.
Un investigador de Dipanda, la unidad antiextorsiones de la PNC, en Quetzaltenango, quien pidió el anonimato por seguridad, relata que en 2017 recibieron la denuncia de un transportista al que le habían tirado 12 teléfonos, en diferentes ocasiones. Eran extorsiones de 12 grupos diferentes (11 desde Cantel, y uno afuera). La empresa pagaba Q20 mil en total a la semana. La intervención policial detuvo diez de las extorsiones, y sus pagos semanales se redujeron a Q3 mil. No es la única empresa blanco de más de un extorsionista. Varios transportistas prefieren pagar para que no asesinen a sus pilotos y ayudantes. La minoría prefiere pagar un guardia de seguridad por camioneta, en lugar de pagarles a los extorsionistas.
La vida o el dinero está en juego cuando los victimarios son pandilleros que demuestran con asesinatos que sus amenazas son reales. También son las únicas opciones que creen tener las víctimas de los extorsionistas imitadores, cuando éstos las convencen de que son pandilleros o miembros del crimen organizado, aunque no tengan recursos para cumplir sus amenazas de muerte.
Los imitadores, cuyo blanco también es el transporte colectivo, generan cerca de un 80% de las extorsiones, y lucran con la fama mortal que precede al 18% de casos que perpetran los pandilleros, según Dipanda. No obstante, en la mayoría de los casos de los imitadores, las víctimas asesoradas no pagan un centavo, según la PNC, porque se comprueba que no pueden causar daño a la víctima. Pese a ello, los imitadores pueden llamar hasta a unas cien personas por día, lograr pagos que oscilan entre Q500 y Q3 mil.
Algo de vida o muerte
Las cifras del Ministerio Público (MP) muestran que las extorsiones aumentaron un 32% en los primeros diez meses de 2019 en relación con el año pasado, aunque los datos de PNC muestran un incremento menor porque no incluyen—según Dipanda—casos en los que la víctima no pagó.
Sin embargo, David Boteo, jefe de Dipanda, explica que evalúan sus avances en términos de la reducción de cifras de los fallecidos en casos de extorsión, que ha sido notable. “Según la última estimación, bajaron casi en un 50% a nivel nacional”, dice. “Especialmente en el departamento de Guatemala, muertes de choferes hay menos en comparación con otros años. Nuestro objetivo principal es proteger a la víctima, MP y PNC, para que -los victimarios- no tomen represalias al haber capturas”.
Para Dipanda, las extorsiones son un asunto policial e interinstitucional, dadas las circunstancias en las cárceles del Sistema Penitenciario, y el acceso a fondos que les permite a los extorsionistas seguir operando adentro y afuera de la cárcel. El problema es que el rastro del dinero es más elusivo de cuanto las autoridades quisieran.
