Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señala que es urgente fortalecer los mecanismos para rastrear y cortar las fuentes de dinero de los extorsionistas, además de anular la capacidad de los reos para delinquir en las cárceles.
Lo saben bien la PNC y el MP. Mientras eso no cambie, los allanamientos en varias cárceles son una de las pocas salidas para reducir el número de extorsiones y de equipo de comunicación disponible pero ilegal para los reos.
Como si esto fuera poco, Boteo advierte que hay una nueva amenaza en Quetzaltenango: grupos autodenominados “revolucionarios”, la fusión de imitadores y supuestos expandilleros que quisieron formar su propio grupo criminal. ¿Por qué son peligrosos? Los pandilleros tienen brazo operativo en la calle (sicarios, cobradores), y les pueden dar a los imitadores un poder letal que hasta ahora no tienen. También operan impunemente en la cárcel y tienen acceso a dinero. El augurio no podría ser peor.
Mi Casita Feliz
David Boteo, jefe de la unidad antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), dice el nombre entre risas: “Mi Casita Feliz”. En realidad era todo, menos eso, para los 32 internos que la ocuparon entre 2017 y 2018, en la Granja de Rehabilitación Cantel. Fue una etapa en que las víctimas dejaron de recibir llamadas de este grupo de pandilleros, expandilleros e imitadores, los extorsionistas más activos de Cantel. Su blanco eran el transporte de pasajeros y mercadería, comercios, y hasta colegios en Chimaltenango, Quetzaltenango y Retalhuleu.
La casita era una celda colectiva de aislamiento sin acceso a teléfonos celulares: un espacio único de 10 metros cuadrados, de block y techo de cemento, con un excusado para los 32. Dormían en hamacas, una colgando encima de otra, o en colchonetas sobre el suelo.
Formalmente se le conocía como el “Sector 9”, según un detective de la unidad antiextorsiones en Quetzaltenango. Se construyó con materiales que donaron al Sistema Penitenciario (SP) ocho comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros hartos de las extorsiones, y de pagar entre Q500 y Q2 mil por semana a los extorsionistas, según un investigador en la Fiscalía contra las Extorsiones en ese departamento. El gobernador de Quetzaltenango, Julio Quemé, explicó que el recinto se creó como un acuerdo de mesas técnicas realizadas con autoridades del SP, PNC, MP, la Gobernación Departamental y otras autoridades.
Los inquilinos de Mi Casita Feliz hacían tantas llamadas de extorsión, que los detectives de la PNC fácilmente los reconocían por la voz, y los modismos, y los ubicaron por rastreo de llamadas a los teléfonos que les incautaron. La idea de la casita surgió cuando, los fines de semana con visitas suspendidas para los internos, o en requisas que requerían presencia policial durante varios días, no había denuncias de extorsiones rastreadas hasta la cárcel.
Mientras funcionó, la PNC afirma que las extorsiones desde Cantel cesaron. Pero fue una victoria efímera. Según Boteo, duró hasta que los internos comenzaron a presentar recursos de exhibición personal, y quejarse con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por las condiciones en que los retenían, y uno por uno regresaron a la población general. La casita quedó vacía y las extorsiones se dispararon de nuevo.
El Defensor de los Privados de Libertad, Gerardo Villamar Ramírez, en la PDH, señala que el Estado debe controlar las extorsiones realizadas desde la cárcel, pero no a expensas de “un trato cruel y degradante” para los privados de libertad, refiriéndose a las condiciones en Mi Casita Feliz. “Las autoridades no deberían tener que elegir entre eso y proteger a las víctimas de los extorsionistas”, dice Villamar.
Boteo aún aboga por separar a los extorsionistas del resto de la población reclusa, especialmente en Cantel y Pavón (en Fraijanes). “Si no hay aislamiento para los extorsionistas, jamás bajará la extorsión”, afirma. “Caeremos en un círculo vicioso por la falta de coordinación institucional con la Procuraduría de Derechos Humanos, el Organismo Judicial, el Ministerio Público (MP), el Sistema Penitenciario (SP) y la PNC”. Es un desenlace que, al menos en Cantel, está a la vista.
La semilla del mal
El líder de la banda de secuestradores Agosto Negro, Rigoberto Morales Barrientos, alias “Rigo Rico”, fue capturado en 1998 pero siguió planificando secuestros tras las rejas, según la Policía Nacional Civil (PNC). En 2006, lo trasladaron a la Granja de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, donde las autoridades lo responsabilizan de entrenar a otros reos en el delito de extorsión, a los primeros imitadores (extorsionistas que fingen ser pandilleros o miembros del crimen organizado). Al ser trasladados, llevaron la modalidad a otras cárceles del país.
“Rigo Rico sabía cómo amenazar a las víctimas, por la experiencia que tenía en los secuestros”, explica una fuente de PNC. Por eso, bajo sus instrucciones, los imitadores se volvieron tan efectivos.
En octubre pasado, lo condenaron a 93 años más de cárcel por secuestro, asesinato y extorsión en grado de tentativa (entre otros delitos), con otros cómplices, por hechos que dirigió tras las rejas en 2017. Ahora, está en Fraijanes II, otra de las cárceles desde donde también surgen extorsiones.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que el criminal trabaja según las oportunidades que tenga. “El aumento de los costos reduce sus ganancias, entonces cometen delitos que les representen menos costos”, señala. La extorsión representa más pagos aunque de menor cantidad, que sólo un pago del rescate por una víctima secuestrada, sumado al factor riesgo de mantener a la persona cautiva, y ser descubierto y capturado.
Además, la PNC razona que, si de cien llamadas logran cinco depósitos de Q1 mil, con una recarga diaria de celular de Q10 obtienen un beneficio de Q5 mil como producto de las extorsiones.
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