Rocío Lemus, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), junto con la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicaron en el debate que el supuesto fraude fue de 2012 a 2015.
Tenían plazas en el Registro General de la Propiedad que fueron avaladas por Anabella de León, exdiputada y exjefa del Registro de la Propiedad, según la acusación.
En total, Alvarado Xoná cobró Q205 mil 500, gracias a una plaza fantasma en Cobán, Alta Verapaz; Valenzuela Mejía devengó Q250 mil en la cabecera de Escuintla, y Solórzano Morales, Q82 mil en la cabecera de Jutiapa.
Durante el juicio declararán cuatro peritos y 22 testigos. Además, el caso tiene 100 documentos probatorios y un informe de la Cicig en cuanto a los estados de cuenta, los depósitos y perfil de los procesados.
Cuidaban casa de Baldizón
Solórzano Morales y Valenzuela Mejía cuidaban la mansión de Manuel Baldizón en Santa Elena Barillas, Villa Canales, cuando fue allanada por el Ministerio Público. Aunque el objetivo del operativo no eran ellos, fueron detenidos porque estaban señalados de tener plazas fantasmas pagadas por el Registro General de la Propiedad.
Ambos estaban prófugos desde 2016 cuando se conoció el caso Botín en el Registro de la Propiedad que tiene en el banquillo a De León junto con Samuel y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.
La declaración de Bianca Yaneth Chacón Barillas, capturada y procesada por ese caso, reveló en el juicio que varias plazas fueron solicitadas y entregadas a Salvador Baldizón, hermano de Manuel Baldizón, excandidato presidencial por Libertad Democrática Renovada (Líder).
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