El Tribunal ordenó al Ministerio de Educación que, en los programas educativos, incluya textos que expliquen lo acontecido en el caso de Marco Antonio.
Los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, deberán elaborar un documental que explique el caso, el cual deberá contar con el aval de la familia.
Se estableció que la Universidad de San Carlos, a través de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Humanidades, Ciencias Políticas y Escuela de Ciencias de la Comunicación, también deberán elaborar un documental escrito y audiovisual de las violaciones contra de la familia Molina Theissen, y divulgarlo en los medios de comunicación.
También se aprobó que la cartera educativa deba crear, dentro de los distintos niveles, una beca con el nombre Marco Antonio Molina Theissen.
A la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial le corresponderá traducir la sentencia a los idiomas mayenses predominantes en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango para incorporarlas a la carpeta judicial del caso.
Se ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional crear la condecoración del Ejército denominada Molina Theissen para “los oficiales quienes hubieren realizado labores humanitarias o se hayan destacado en la observancia en los derechos humanos”.
No procedió pedido
El Tribunal no dio con lugar el cambio de nombre al Campo de Marte por el de Marco Antonio Molina Theissen, y que se les diera de baja a los militares de manera deshonrosa. También denegó la petición para que los militares reintegraran al Estado US$690 mil que este ya había entregado anteriormente a la familia por los mencionados abusos, según una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los jueces no accedieron a la petición de la Fiscalía a continuar con la investigación de la totalidad de los autores y responsables de la violación de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio, pues esto ya había sido establecido en la resolución de la sentencia.
La petición de los Molina Theissen
La familia, a través de su abogado, presentó una lista de peticiones como parte de la reparación por la desaparición en 1981 del joven de 14 años, además de los abusos cometidos contra de Emma Molina Theissen, hermana de Marco Antonio.
Entre las peticiones se solicitó la independencia del Ministerio Público (MP) para continuar con la búsqueda de más responsables de esos crímenes.
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A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) solicitaron que apruebe una política pública de protección a defensores de derechos humanos y que el Ministerio de Educación incluya en su pénsum de estudios el derecho internacional humanitario, para que los crímenes cometidos contra los hermanos Molina Theissen no se repitan.
En el listado también estaba que el Congreso pueda hacer efectivas todas las reparaciones que se están ordenando al facilitar el presupuesto que se necesita y que, en caso de insolvencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) actúe para hacerlo cumplir el pago.
La familia Theissen no solicitó dinero. En cambio, requirió que los condenados paguen al Estado US$690 mil 400 que este ya pagó a la familia en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otras peticiones fueron:
Que en el Ministerio de la Defensa Nacional se reserve un espacio para la preservación de la memoria de las víctimas de desaparición forzada y que se le permita a las familias plantar un árbol en sedes militares.
Que la exsede militar de Quetzaltenango se convierta en un museo administrado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
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Otro de los requerimientos es que se cree un plan de búsqueda de personas desaparecidas, un registro de personas desaparecidas, con información genética junto a la PDH. Ese registro debe incluir a todos los cadáveres y los catalogados como XX.
La familia pidió que se impulse un proyecto de ley para autorizar la inscripción de muerte presunta. Además, pidió medidas de protección para la familia, testigos y abogados, así como organizaciones y funcionarios que participaron en el proceso.
Al Congreso solicitaron que se apruebe la iniciativa 3590 en un plazo de tres meses.
También que el Ministerio de Cultura y Deportes, con el apoyo de PDH y la familia, establezca un proyecto de memoria para difundir lo que ocurrió en el pasado y que se preserven los archivos públicos del Estado, archivo de Tribunales y el archivo de la extinta Policía Nacional para establecer el destino de los desaparecidos.
A los ministerios de Educación y Cultura solicitó que incluyan el caso en el programa de estudios y se realice un documental.
Que se traduzca la sentencia a idiomas indígenas.
Otra petición fue crear la beca Marco Antonio Molina Theissen para los cinco mejores estudiantes de primaria y secundaria.
También que se cree el premio Emma Molina Theissen, otorgado por universidades, a la mejor tesis que estudie el fenómeno de la violencia sexual contra mujeres y mecanismos de reparación de la violencia sexual.
Sobre el Campo de Marte, la familia pidió el cambio de nombre a “Parque de la memoria histórica Marco Antonio Molina Theissen”, y que al ingreso se erigiera un monumento.
Otra petición fue que se pida un plan de fortalecimiento de la Unidad del MP que investiga los casos del conflicto armado interno.
El MP solicitó al tribunal que las reparaciones que se aprueben sean “humanamente posibles” de cumplir.
Tribunal sentencia a cúpula militar de 1981
El pasado 24 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo C se tomó más de 13 horas para decidir la sentencia contra los militares, pero Emma Theissen de Molina y sus hijas Emma Guadalupe y Lucrecia Molina Theissen debieron esperar 36 años para ver que fueran enviados a la cárcel los responsables de la desaparición de Marco Antonio, ocurrida en 1981.
El Tribunal determinó que Emma Guadalupe fue retenida, torturada y violada durante nueve días en la brigada militar Manuel Lizandro Barillas, en Quetzaltenango, entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1981.
El presidente del Tribunal, Pablo Xitumul, indicó dentro de la sentencia que “se establece categóricamente que en el conflicto armado, el Ejército instruyó la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que cataloga a civiles como enemigos internos, aniquilables, a través de planes o manuales de guerra”.
Los jueces hallaron culpables a los militares en situación de retiro Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quetzaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, ex oficial de inteligencia.
Edilberto Letona Linares, exsubcomandante de esa zona militar, fue absuelto.
Lucas García, Callejas y Callejas y Zaldaña Rojas fueron condenados a 58 años de prisión por los delitos de deberes de humanidad —25 años—, violación con agravación de la pena —ocho años— y desaparición forzada —25 años—.
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Por su parte, Francisco Gordillo fue sentenciado a 33 años de prisión por deberes de humanidad —25 años— y violación con agravación de la pena —ocho años—.
Letona Linares fue absuelto porque se consideró que no había pruebas suficientes sobre su participación en la retención, tortura y violación de Emma Guadalupe.
El Tribunal señaló que los militares siempre supieron lo que hacían y que no observaron garantías básicas para la protección de seres humanos indefensos y no involucrados en el conflicto armado interno. Además, se indicó que los canales de inteligencia militar transmitieron información sobre esos actos atroces, lo que quedó demostrado en documentos.
Francisco Gordillo, uno de los sentenciados, afirmó que el proceso estuvo viciado y politizado, y que era algo que ya esperaban por parte de los jueces.
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