Las diligencias están vinculadas al caso Redes, afirmó Sandoval. Este proceso consta de tres casos: el primero en el que supone un pago de favores entre un juez y uno de los sindicados; el segundo es el tráfico de influencias entre Jaguar Energy y el gobierno para obtener beneficios de la construcción de una planta eléctrica ,y el tercero es el relacionado con la empresa Z Gas.
En julio del 2015 Gustavo Martínez, exsecretario general de la presidencia, el exintendente de aduanas Filadelfo Reyes Cáceres y el empresario César Medina Farfán fueron ligados a proceso junto con Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, el exsuperintendente Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir indicios de su presunta participación en una red de tráfico de influencias para obtener beneficios particulares.
Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los extrabajadores de Zeta Gas – varios prófugos-, son señalados de utilizar una póliza para un depósito aduanero de US$5 millones, por la que pagaron Q5 millones. Para este fin se modificaron documentos legales con ayuda de Muñoz y Farfán.
