La investigación se efectuó en contra de siete personas implicadas en el caso Financiamiento UNE, pero solo se pedirá que vayan a debate cinco de ellas.
Los detalles de las pesquisas fueron entregados al Juzgado de Mayor Riesgo A y así es como la Feci argumenta su señalamiento en contra de los siete procesados. Los vinculados al caso de Financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) gozan de medida sustitutiva actualmente.
Los implicados que fueron investigados por la Feci son Antonio Juan Cristiani Burkard, Nelson Alexis García Morales, Edín Alberto Álvarez Pérez, Susana Patricia Castellanos González, a los cuatro se les imputa el delito de financiamiento electoral no registrado. Además, a Maynor Feizal Zimeri Corado se le acusa de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
En la vía del procedimiento abreviado -juicio rápido, sin llegar a un tribunal-, se formuló acusación en contra de Héctor Rafael Leal Valdés, por el delito de financiamiento electoral no registrado.
Asimismo, la Feci “aplicará la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal” a Per Michael Erichsen Rydhager por el delito de financiamiento electoral no registrado. La fiscalía no encontró indicios que vinculen a Erichsen Rydhager a los hechos por lo que hará la solicitud al juzgado de que se cierre el caso en su contra.
La Feci señala que en este caso la dirigencia del partido UNE no reportó al Tribunal Supremo Electoral Q27.7 millones durante la campaña de 2015, en la que Sandra Torres, ahora ligada a proceso, compitió por la presidencia de República, y Mario Leal Castillo, prófugo de la justicia.
En este mismo caso, el 10 de julio último, Héctor Rafael Leal Valdés declaró que entregó Q1 millón a Leal Castillo -ambos son primos- para abonar al pago de una deuda que mantenía con su familiar por la compra de su casa.
Leal Valdés relató que, después de pagar ese monto, Leal Castillo le confesó que el dinero había servido para la campaña en la que participó como candidato a la vicepresidencia de la República con el partido UNE.
En el proceso se conoce que Leal Valdés podría aceptar su culpabilidad en el caso, la Fiscalía le imputó el delito de financiamiento electoral no registrado.
Torres está ligada a proceso penal desde el 16 de octubre último por el delito de asociación ilícita, dentro del caso de financiamiento electoral no registrado del partido que dirige.
La jueza Caludette Domínguez consideró los indicios presentados por la Feci como suficientes para vincularla al proceso judicial porque, aparentemente, podría tener responsabilidad en no reportar Q5.9 millones al TSE.
Torres no está en prisión, debido a padecimientos de salud por los que se encuentra bajo cuidados médicos en un hospital privado. En la actualidad el Juzgado de Mayor Riesgo A espera que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses le entregue el informe que realizaron médicos particulares a la excandidata presidencial para definir si sigue hospitalizada o regresa a prisión.
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