Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, informó que se trata de una investigación conjunta y que se efectuó una auditoría con herramienta de verificación de cumplimiento.
Añadió que las compras que reportan los contribuyentes se comparan con las ventas de una empresa y la entidad investigada no generaba pago de impuesto.
Dijo que las ventas no estaban declaradas ante la SAT. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.
Para este caso la primera acusación es referente a tarjetas de crédito de las cuales no se pagó el IVA.
Lo que la entidad compraba a los proveedores era superior al movimiento de las tarjetas de crédito.
En ese sentido, está la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que habría afectado la economía nacional.
Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.
Díaz añadió que la cadena de supermercados está integrada por unas 35 tiendas, y tampoco ha reportado ventas al contado.
La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización.
Se les notificaba por un tribunal y pagaban una pequeña multa, luego cambiaban de razón social y hacían otras empresas hasta formar un esquema.
A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago podría decir que es cero”, resaltó Díaz.
Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.
Añadió que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible aún auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.
Sandoval explicó que de acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional de la SAT, entre 2017 y 2019 el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q427 millones 330 mil 530.70 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.
La defraudación al fisco asciende un monto estimado de Q150 millones 420 mil 347.07 (Q43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado y Q106,832,632.68 de Impuesto sobre la Renta), informó el MP.
Sandoval señaló que al requerir la información de las ventas el escudo de la cadena de supermarcados era que debido a la pandemia no había personal que diera la información, aunque este negocio nunca cerró, pues vende artículos de primera necesidad.
Indicó que el 2 de diciembre hubo una serie de diligencias, pues la investigación estaba en reserva, la cual fue levantada dos días después.
Entidad está intervenida
A requerimiento de la SAT se decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.
Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.
Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios. Según el MP, está prófugo.
El superintendente Díaz agregó que las ventas con tarjetas de crédito representan el 35 por ciento de ingresos de la entidad investigada y se toma en cuenta el porcentaje, lo que podría indicar que durante unos seis años no habrían pagado impuestos.
Dijo que la investigación aún empieza y se investigará a personal de la SAT, porque debió darse cuenta de lo que pasaba.
Mientras que Sandoval, añadió que la bodega donde está la información contable fue clausurada. También la Fiscalía tuvo acceso a periodos anteriores y requerirá a la SAT que se amplíe el periodo de la auditoría.
Sandoval explicó que la Feci investiga el caso en virtud del acuerdo 59-2019 y debe ser autorizada por la fiscal Consuelo Porras.
Anunció que la investigación continúa, pues debe ser completa y compleja. No descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas.
Además, se verificará si hay un posible esquema de lavado de dinero.
Díaz indicó el negocio seguirá operando mientras se determinan los montos de la supuesta defraudación.
La SAT detectó el desarrollo de un esquema de creación de compañías para auto facturarse, lo que implica un delito de apropiación indebida de tributos y por eso la petición de captura de los representantes legales y la intervención de la entidad.
Hay otras investigaciones en curso, pues se busca fiscalizar a aquellos que han creado esquemas para no pagar impuestos y aunque estén en la base de datos no han sido visibles.
Para el caso MP/FECI requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios y autorización judicial para requerir información a entidades bancarias. @MPguatemala @SATGT pic.twitter.com/em8g7TUc9d
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020
