Aldana, fiscal general de Guatemala desde 2014, tuvo un papel clave en la imputación que el año pasado desembocó en la salida del poder de Pérez Molina y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusados de haber defraudado millones de dólares al Estado y de haber recibido beneficios de la red de corrupción “La Línea”.
“El caso empezó a investigarse por el Ministerio Público (MP) en mayo de 2014, cuando se interceptó telefónicamente a una persona de nivel bajo en las aduanas de Guatemala”, recordó hoy la fiscal, que realizó 100 mli escuchas telefónicas para llegar hasta Pérez Molina y Baldetti, los supuestos jefes de la trama corrupta.
En esta investigación, la fiscal trabajó codo con codo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que trabaja en el país centroamericano desde 2007 y que dirige el colombiano Iván Velásquez.
“Tanto Iván como yo somos objetivos, transparentes y no tenemos temor”, advirtió Aldana, nombrada por el propio Pérez Molina como fiscal general y jefa del Ministerio Público.
“Investigar a Pérez Molina me produjo una mezcla de sentimientos: mucha pena, mucha tristeza, mucha decepción. Yo voté por Pérez Molina cuando él fue candidato para la Presidencia de Guatemala (…). Para ningún país es fácil saber que su presidente va a ser llevado a prisión”, subrayó Aldana.
A pesar de la complejidad del proceso, la fiscal aseguró que la Cicig podrá seguir funcionando sin problemas bajo el mandato del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que tomó posesión del cargo el pasado 14 de enero para un período de cuatro años (2016-2020).
Según la fiscal, tampoco ha habido presiones de ningún tipo por parte de Morales para beneficiar a Edgar Ovalle Maldonado, diputado electo del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la formación del mandatario y al que la Fiscalía acusa de delitos de lesa humanidad y desaparición forzada.
En total, 14 militares retirados están acusados de participar en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante los años ochenta, en pleno conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).
“(El presidente) no ha intervenido, no ha tenido ninguna injerencia”, aseguró la fiscal, que está luchando para que el diputado Ovalle Maldonado “sea juzgado como el resto de los militares del caso” y no pueda gozar de la inmunidad del cargo legislativo.
Con casos como el de “La Línea” o la investigación de la muerte de centenares de indígenas, Aldana quiere lanzar el mensaje de que “en Guatemala nadie es superior a la ley”.
Esta declaración de igualdad ante la ley ha sido desafiada a lo largo de los años por el general retirado, José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, y sobre él pesan cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad por el asesinato de mil 771 indígenas ixiles en el departamento de Quiché.
En mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, abierto de nuevo en marzo de este año.
“Me parece complicado (que se haga Justicia), cada vez hay más obstáculos y más obstáculos y nunca se puede llegar al debate. Posiblemente en ausencia de él, es posible que se dicte una sentencia condenatoria”, afirmó Aldana.
En julio de 2015, Ríos Montt, de 89 años, fue declarado mentalmente incapaz por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por lo que la Justicia guatemalteca ha decidido procesarlo con un juicio especial, es decir, sin su presencia y sin la posibilidad de imponer penas de cárcel.
Actualmente, Guatemala es uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la organización Transparencia Internacional.
“Quiero – agregó la fiscal – que Guatemala esté en el primer lugar del mundo en la lucha contra la corrupción. Guatemala ha despertado de una larga pesadilla de tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Eso se terminó en Guatemala”.
