En el caso del secuestro y muerte de Isabel Bonifasi Botrán, efectuado por la estructura criminal Los Pasaco, Palomo fue el abogado de la familia de la víctima.
Como querellante y junto al Ministerio Público, logró que en 1998 fueran condenados a la pena capital Elver Gabriel Alvarado, Luis Amílcar Cetín Pérez y Tomás Hernández, quienes dos años antes habían participado en el plagio y crimen contra Bonafasi Botrán.
En 1998 fue representante de Ricardo Bueso, presidente de Luca, S. A., entidad que compró Telgua, para lo cual adquirió una deuda con Hamilton Bank.
En el 2000, estuvo en el ojo del huracán al representar a la petrolera Basic Resources International Bahamas, la cual en 1993 obtuvo la autorización para la exploración y explotación petrolera en la Laguna del Tigre, Petén.
La controversia surgió por una acción de inconstitucionalidad que la organización Colectivo Madre Selva planteó en la Corte de Constitucionalidad contra la autorización concedida a la empresa, señalando que el trabajo se hacía en una zona declarada como reserva protegida.
De manera paralela, la entidad planteó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución del entonces procurador de Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, quien había declarado que Basic no cumplía con los requisitos internacionales para la extracción de petróleo.
Ese mismo año, fue parte del denominado caso Guategate, en el cual se planteó un antejuicio en contra de Ríos Montt, entonces presidente del Congreso, y la comisión parlamentaria, formada por 21 diputados del desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco, señalados de haber alterado la Ley de Bebidas Alcohólicas y el gravamen a ese tipo de productos.
Estuvo también en el proceso por la desaparición de Cristina Siekavizza, en el cual defendió a Mauricio Castillo, quien fue señalado por presuntamente participar en el hecho, pero al final fue dejado fuera del caso.
