“¿Qué por qué no agarramos todos esos juicios, en donde hubo esa persecución estúpida contra los empresarios por parte de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) en el gobierno pasado? Metieron a un montón de gente en la cárcel, tienen a un montón de gente demandada con procesos penales, que no debieron ser penales sino administrativos”, indicó Giammattei.
El mandatario asistió a un desayuno organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción y durante su discurso anunció el “reto” que lanzó a las instituciones del sector justicia para agilizar la resolución de los casos.
“Saquémoslos de la órbita judicial y hagamos que los empresarios paguen sus impuestos que tienen en deuda. Hay más de Q2 mil millones peleándose en los tribunales cuando no debería ser”, agregó.
Nils Leporowski, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicó que resolver los conflictos por la vía administrativa es un tema les interesa desde hace tiempo, porque hay empresas que llevan hasta 10 años en estos procesos, porque, a su criterio, el MP no tiene pruebas para sostener sus señalamientos.
“Los casos se deben resolver ya porque es nefasto para el país y nefasto para los empresarios. Lo que queremos es que se resuelvan penal o administrativamente, aunque por la vía penal nunca se van a resolver, porque el MP no tiene pruebas”, manifestó Leporowski.
Tiene derecho a solicitar el retiro de casos
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yolanda Pérez Ruiz, opinó que el mandatario Alejandro Giammattei está en todo su derecho como ciudadano de pedirle a la Corte Suprema que los casos de empresarios señalados de evasión de impuestos sean conocidos por la vía administrativa; sin embargo, aclaró que será la institución quien tome la decisión conforme conozca los expedientes.
“En general, el Organismo Judicial tiene independencia funcional y no depende de ninguna autoridad superior”, añadió Pérez Ruiz.
Julia Barrera, vocera del MP, informó que la institución debe seguir el curso de las investigaciones hasta que se determine si se incurrió o no en un delito, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del MP. Añadió que Porras es respetuosa de la Ley.
Mientras qué Francisco Rivas, exministro de Gobernación y exfiscal, dijo que el MP debe asumir conforme su independencia y objetividad y evaluar el expediente de la investigación para tomar su decisión.
“Y si por una decisión de política de investigación y persecución penal, la fiscal general decide atender lo resuelto, les corresponderá justificarlo ante los tribunales que tiene el control del expediente y de los casos”, añadió el exfuncionario.
